CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- La jueza de Control, Sandra Zulema Palma, dictó prisión preventiva al exsecretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez, por el delito de peculado al presuntamente haber recibido de manera ilegal 63 millones 833 mil pesos del erario a través de la Secretaría de Hacienda estatal, a la cuenta 0166143970 del banco BBVA Bancomer.   Los desvíos del dinero público, que correspondían a las nóminas de trabajadores del gobierno estatal, los efectuaron entre junio de 2014 y diciembre de 2015, lapso en el que era presidenta del partido la actual diputada local, Karina Velázquez Ramírez, de quien la FEPADE solicitó un juicio de desafuero a la Cámara de Diputado. Ayer por la tarde, Palma dictó prisión preventiva a Romero Chávez luego de una serie de alegatos entre la defensa y la agente del Ministerio Público. La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el miércoles 11 de octubre a las 8:00 horas. Al imputado se la atribuye que como secretario de Fianzas recibió a favor del partido de la Secretaría de Hacienda, 3 millones de pesos mensuales en el lapso mencionado; entregas adicionales en diciembre de cada año, por 3 millones 666 mil 667 pesos, y 3 millones 166 mil 666, respectivamente. En total, es corresponsable del desvío de 63 millones 833 mil 333 pesos, dinero que tenía que debió ser destinado al pago de nómina y que provenía del gobierno estatal.   El artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales prohíbe que las aportaciones de trabajadores sean desviadas de gobierno a un partido, por lo que la recepción de dinero público con este fin están prohibidas por la ley. En el caso de Romero, está acusado de actuar de forma dolosa.   La defensa del imputado solicitó a la jueza que se declarara incompetente, ya que un juez federal le sigue un proceso penal a su defendido, por peculado electoral.   Entre los alegatos para evitar la prisión preventiva y la formulación de la imputación, la defensa pidió que le precisaran a su defendido las fechas exactas en las que recibió el dinero, ya que su cliente lo desconocía y esa situación violentaba sus derechos de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.   El Ministerio Público detalló las fechas de los pagos: El 3 junio, 3 julio, 5 agosto, 29 de agosto, 30 de septiembre, 28 de octubre, 28 noviembre, 2 de diciembre y 23 de diciembre de 2014, así como 30 enero de 2015, 27 de febrero, 1 de abril, 30 de abril, 28 de mayo, 2 de julio, 30 de julio, 2 de septiembre, 29 d e septiembre, 29 de octubre, 30 de noviembre, 18 de diciembre de 2015.   Al solicitar la prisión preventiva, la representación social argumentó que hay riesgo de sustracción de la justicia, ya que para ejecutar a orden de aprehensión no lo localizaron en cuatro domicilios que tiene a su nombre el imputado en la ciudad de Chihuahua.   Otro argumento es que por el delito que le imputan y el monto, alcanzaría de 5 a 15 años de prisión, pasa el lapso contemplado para otorgar libertad condicional. La defensa del imputado argumentó que dos testigos declararon para demostrar que Pedro Mauli Romero tiene arraigo en la ciudad. Uno de ellos fue identificado como G. F. R. y la segunda con las iniciales P. H. A., esta última es esposa de Romero y exregidora del PRI durante el trienio del exalcalde Javier Garfio Pacheco, también procesado penalmente y preso en el Cereso número 1.   Además refirieron que Romero está vinculado a proceso en un juzgado federal, que enfrenta en libertad según la causa 457/2017, porque demostró arraigo en la entidad. El primer testigo dijo que es amigo de Pedro Romero desde el año 2000, lo ve entre dos y tres veces por semana y aseveró que vivía en la calle Francisco Villa y Juan Cune, pero el imputado explicó posteriormente que tuvieron que vender esa propiedad posterior a la audiencia, porque tuvieron problemas. Actualmente rentan una casa porque construyen en un terreno de su propiedad.   La esposa de Romero dijo que tienen dos hijos en la escuela, uno en la secundaria del Colegio de Chihuahua y el otro en preparatoria del Tecnológico de Monterrey, lo que considera que es garantía para evitar fugarse.   El defensor insistió en que Pedro Maulio Romero no cuenta con recursos para huir porque no percibe salario desde agosto pasado y ahora está a la espera de habilitar un local para instalar un negocio de tortas.  Sin embargo, Sandra Zulema Palma consideró que con los argumentos que dio la defensa, sí existen condiciones para que Romero se sustraiga de la acción de la justicia, porque sí cuenta con dinero para hacerlo.   Los testigos se contradijeron: uno dijo que tienen cinco meses o seis viviendo en casa de renta, y la otra aseveró que tienen tres meses.   Además, al tener a sus hijos inscritos en escuelas privadas, evidencia que cuentan con recursos y tienen propiedades, pues están construyendo una nueva vivienda y están por instalar un local comercial.   La prisión preventiva, dijo, se acredita también porque la pena que enfrenta el imputado que puede alcanzar de 5 a 15 años y por el monto del presunto desvío, que es de 63.8 millones de pesos, por lo que no alcanzaría una condena condicional. Otro delito al exauditor   La Fiscalía General del Estado abrió otra causa penal contra el exauditor superior estatal, Jesús Manuel Esparza Flores, por el delito de peculado agravado, por el presunto desvío de casi 6 millones de pesos en perjuicio de las arcas públicas, en hechos ocurridos entre enero y septiembre de 2014.   Un juez de Control lo vinculó a proceso por tercera ocasión. En esta ocasión, se le acusa de intervenir en la desviación de dinero público y simular cuatro procedimientos administrativos de contratación de servicios profesionales con la empresa Kepler Soluciones Integrales S. C, con la transferencia de cuatro cantidades: un millón 566 mil pesos, un millón 461 mil 600 pesos, un millón 310 mil 800 pesos y un millón 136 mil 800 pesos. El exauditor tenía la obligación de administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Auditoría Superior, pero elaboró los documentos justificantes de la erogación en enero de este año, por un servicio que nunca se prestó al órgano. Esparza Flores fue aprehendido el pasado 10 de junio en el estado de Chiapas, desde ese día se encuentra en prisión, donde enfrenta otras dos causas penales por los delitos de peculado y ejercicio ilegal de servicio público.