TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Las autoridades municipales, tradicionales y de Bienes Comunales de Chalchihuitán acusaron hoy al gobierno chiapaneco, encabezado por Manuel Velasco, de encubrir a la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y a su grupo civil armado que ha provocado el desplazamiento forzado de alrededor de cinco mil indígenas. Tras una reunión celebrada la tarde de este martes en la cabecera municipal de Chenalhó, donde estuvieron presentes unos 225 representantes de todas las comunidades que conforman el municipio, los inconformes exigieron a los gobiernos de Manuel Velasco y de Enrique Peña Nieto que intervengan de inmediato y desmantelen el grupo armado que opera en ese territorio. Los indígenas tsotsiles denunciaron que ya son 16 días que han vivido bajo acoso de ese grupo armado que porta fusiles R-15 y AK-47, conocidos como “cuernos de chivo” y que operan con total impunidad bajo la protección de la alcaldesa Pérez Pérez, postulada al cargo por el PVEM. Uno a uno, en su lengua nativa, los líderes de las diversas comunidades denunciaron las incursiones de ese grupo armado que provocó que unas cinco mil personas dejaran sus chozas en unas nueve comunidades. Además, exigieron que dicho grupo sea desarticulado y se garantice el libre tránsito, pues mantiene retenes y ha cortado los caminos rurales abriendo zanjas con maquinaria pesada, además de que los ha amenazado con cortar el suministro eléctrico. Otra consecuencia, agregaron, es que los niños de la cabecera municipal y de todas las comunidades ya llevan 16 días sin clases por la situación de peligro. Los representantes indígenas pidieron la aplicación del Estado de Derecho de forma inmediata y negaron saber qué presuntos acuerdos tiene el gobierno chiapaneco para no proceder contra la alcaldesa y el grupo. “Nos piden cordura y paciencia, pero en la zona no tenemos escuela, no tenemos médico, no tenemos paso… Lo que pedimos es que todo esté apegado a derecho. Hay convenio entre las partes del 23 de septiembre del 2015, donde se dieron acuerdos importantes para poner fin al conflicto, pero los de Chenalhó no lo han respetado”, aclararon. Historia del conflicto Jaime Martínez Veloz, de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México del gobierno federal, reseñó que en 1973, la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) empezó los trabajos de reconocimiento y titulación de los bienes comunales de ambos pueblos, pero no tomó en cuenta el límite que éstos establecieron con el río como línea natural. En 1975, continuó, se emitió la Resolución Presidencial de Chalchihuitán y pobladores de Chenalhó dieron cuenta de que no se respetó el límite natural entre ambas comunidades. En 1976, ambas comunidades firmaron ante la SRA un convenio en el que acordaron que, al ejecutarse la resolución presidencial, se reconocería el río como límite. Y fue hasta 1980 cuando se ejecutó la resolución para mil 787 campesinos, a quienes les entregaron 17 mil 948 hectáreas. Posteriormente les dieron otras 252 más. A pesar de los acuerdos, en 1981 los pobladores de Chalchihuitán alambraron y construyeron muros de concreto dentro del territorio comunal de Chenalhó, pero los habitantes de éste quitaron dichas barreras. Para el año 2000 se retomaron los trámites para la ejecución de la resolución presidencial y Chalchihuitán demandó a Chenalhó ante el Tribunal Unitario Agrario la restitución de más de 58 hectáreas que, presuntamente le habían despojado desde Tz’ak Uk’um a Seranichimtik. Chenalhó contrademandó y solicitó anular la ejecución parcial de 1980 de la resolución presidencial de Chalchihuitán. Este conflicto ha derivado en otros lugares, donde se ha llegado a la violencia entre ambas partes con el saldo de heridos, muertos y desplazados.