VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El Consejo Político Estatal del PRD destituyó a su dirigente, Candelario Pérez Alvarado, por haber concluido su periodo estatutario y no “transparentar” recursos del partido. Pérez Alvarado, también diputado federal, desconoció el procedimiento por “ilegal” e interpuso un Juicio de Protección de los Derechos Políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La remoción se consumó con la votación de 133 consejeros a favor y una abstención y se designó como dirigente estatal interino a Darvín González Ballina, uno de los fundadores del PRD estatal y titular de la Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Tabasco, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado. El proceso inició desde el pasado 17 de octubre por petición del secretario general de Comité Ejecutivo Estatal (CEE), José de la Cruz Rueda Hernández, por el presunto incumplimiento de funciones estatutarias y reglamentarias de Pérez Alvarado, como no rendir cuentas de los recursos del PRD, no convocar a sesiones del consejo y haber concluido su periodo como dirigente el pasado 27 de octubre. Rueda Hernández argumentó que Pérez Alvarado no podía seguir dirigiendo al partido, “a control remoto”, desde la Ciudad de México. “A control remoto no puede ser dirigente porque se requiere mucho tiempo para sus militantes, esperemos que el pleno del consejo político (estatal) lo destituya de manera inmediata", demandó en ese entonces. En previsión, desde ayer Pérez Alvarado interpuso un Juicio de Protección de los Derechos Políticos en la Sala Regional Xalapa del TEPJF, argumentado ilegalidad en el procedimiento de destitución que hoy se consumó. Denunció que el Consejo Estatal ignoró el plazo de 60 días naturales que, desde el 12 de octubre, fijó el TEPJF al PRD para renovar su dirigencia nacional, la cual, a su vez, debe emitir las convocatorias para elegir dirigencias estatales. El problema de la unidad del partido, dijo, no se resolverá con una ilegalidad y acusó que detrás de todo se encuentra el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno estatal, Agustín Silva Vidal, dirigente estatal de la corriente Nueva Izquierda que lideran a nivel nacional “Los Chuchos”. Sobre la “opacidad” en el manejo de los recursos del PRD, manifestó que toda la información se encuentra en la página de transparencia del partido, incluidos los resultados de las auditorias que cada tres meses realiza el Instituto Nacional Electoral (INE). Pérez Alvarado pertenece a la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) que encabeza en Tabasco el diputado local, Juan Manuel Fócil, y a nivel nacional, Héctor Bautista López. En su primer mensaje como dirigente interino, González Ballina dijo que el partido no será “rehén” de grupos y que su primera tarea será devolver el poder a las bases militantes, reencontrar a los viejos perredistas, los nuevos y los que se han sumado y han aportado al PRD. La segunda, solucionar bien las próximas candidaturas para gobernador, alcaldes, diputados locales y federales y senadores, las cuales no se manejarán “por cuotas de poder”, sino de acuerdo a lo que represente cada militante para ratificar el triunfo en 2018. González Ballina es uno de los fundadores y líderes históricos del PRD en Tabasco, junto con Andrés Manuel López Obrador. En 1988 renunció al PRI siendo diputado federal para sumarse a López Obrador, candidato a la gubernatura por el Frente Democrático Nacional (FDN) que conformaron el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Frente Cardenista, Popular Socialista (PP) y Mexicano Socialista (PMS). De 1994 a 1996, fue dirigente estatal del PRD y en enero de 1995 encabezó el plantón en Plaza de Armas que, por 19 días, impidió la entrada del priista Roberto Madrazo al Palacio de Gobierno por haber ganado la gubernatura a López Obrador de manera “fraudulenta”. El 19 de enero de 1995, Madrazo entró a sangre y fuego a Palacio de Gobierno, tras apalear y reprimir violentamente a los perredistas. En febrero de 1996, González Ballina y más de 200 perredistas fueron encarcelados por bloqueos de pozos e instalaciones petroleras que encabezó López Obrador para exigir indemnizaciones a más de 40 mil campesinos y pescadores afectados por las actividades de Pemex.