MÉRIDA, Yuc. (apro).– A más de cuatro años del despojo y daño en propiedad ajena contra Oasis de San Juan de Dios –una organización pro derechos humanos que alberga a personas seropositivas en el poblado de Conkal–, un juez federal ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) concluir sus actuaciones en un plazo no mayor a 40 días. Los activistas defensores de los derechos humanos del Equipo Indignación sostienen que, aun cuando las autoridades incurrieron en graves omisiones que mantienen impune la agresión contra Oasis de San Juan de Dios, ahora el juez obliga a la fiscalía a integrar la averiguación previa 35/2399/2013 y a pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal. El despojo ocurrió el 18 de septiembre de 2013, cuando decenas de trabajadores estatales encabezados por Wilberth Mendoza, quien se identificó como representante de David Peña, el presunto dueño del terreno, rompieron una barda e irrumpieron en el predio que Oasis de San Juan de Dios posee desde 1986. Ese día estaban en la zona las patrullas 5930 y la 1944 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y, a pesar de que los afectados les pidieron apoyo, los uniformados que las tripulaban no actuaron. El terreno invadido fue cercado por los particulares en presencia de funcionarios del catastro estatal, así como el titular de la Notaría número 8, Luis Silveira Cuevas. Posteriormente los invasores comenzaron a lotificar el predio y a construir viviendas. Los desalojados presentaron una denuncia penal y documentaron que Carlos Méndez Benavides, director de Oasis de San Juan de Dios, es el posesionario y dueño del albergue; incluso tiene los certificados agrarios, dicen. Hasta ahora –cuatro años después–, el Ministerio Público no ha terminado sus investigaciones; de hecho, aún no tiene el nombre de los policías que intervinieron en el desalojo ni ha realizado un peritaje en materia de agrimensura. En marzo pasado promovieron un juicio de amparo contra la persistente inacción de la FGE, que se les concedió. Ahora corresponde a la fiscal investigadora especial número 35 del Ministerio Público del fuero común pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal contra los responsables de la invasión ocurrida en septiembre de 2013. Los promotores del amparo también reclaman a la SSP no haber remitido el nombre de los policías implicados pese a que el titular de la FGE lo solicitó. También exponen que en 2014 se realizó el peritaje de agrimensura ordenado el fiscal y que tanto el Registro Agrario Nacional (RAN) como el Catastro se negaban a enviar el resultado a la agencia del MP. El amparo ordena al MP que a más tardar en 40 días realice las diligencias que hacen falta, exija a la SSP remitir los nombres de los policías que intervinieron y exija al catastro y al RAN remitir el peritaje de agrimensura y resolver si ejercita o no la acción penal; es decir, si consigna o no ante un juez el expediente. Tanto el Equipo Indignación como los integrantes de la organización Oasis de San Juan de Dios deploran “la impunidad persistente en este caso que en la práctica ha negado la justicia y protegido a los agresores y a las autoridades responsables”.