CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, luego de acreditar que dos personas fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza a manos de elementos de la Policía Federal (PF).
En un comunicado, el organismo precisó que los hechos ocurrieron en la Ciudad de Lerdo, Durango, el 3 de febrero de 2013, aproximadamente a las 17:30, cuando ocho policías federales tripulaban sus unidades sobre la calle Francisco Villa de la Colonia Credicasas, en dicha ciudad, y --según sus declaraciones-- observaron un vehículo circulando a exceso de velocidad, por lo que le ordenaron detenerse.
De acuerdo con los uniformados, el conductor hizo caso omiso y la persona que iba en la parte trasera les disparó con un arma de fuego, por lo que al repeler la agresión provocaron que el chofer perdiera el control y se impactara contra un muro de contención, volcando sobre la calle Sinaloa, colonia Plácido Domingo.
No obstante, de las evidencias que obtuvo la CNDH se acreditó que los elementos policiacos “no agotaron los medios lesivos para detener a las personas” y efectuaron disparos en contra del automotor en el que viajaban las víctimas, “con trayectoria de afuera hacia el interior del vehículo y de atrás hacia adelante, de ahí que las dos víctimas resultaran lesionadas por disparo de arma de fuego”.
Una de ellas con heridas que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días, y la otra con lesiones que ponen en peligro la vida y pérdida de movilidad de ambas piernas.
El conductor huyó y las dos víctimas quedaron lesionadas por disparos de arma de fuego, lo que originó que los policías solicitaran una ambulancia para llevarlos al hospital.
En un comunicado, la CNDH destacó que derivado de tales hechos cuatro policías federales pusieron a los agraviados a disposición del agente del Ministerio Público Federal 17 horas con 30 minutos posteriores a su detención.
“Ese lapso de tiempo permitió a los elementos policiales remitir el vehículo que tripulaban las víctimas a un corralón, no presentar las unidades que conducían el día de los hechos y las armas que portaban, y que el agente del MP recabara las declaraciones ministeriales de otros cuatro policías para obtener algún indicio que permitiera el esclarecimiento de los hechos, lo que implicó que los datos de prueba que debieron formar parte de la investigación no se hayan tomado en cuenta, o bien, al no ser advertidos, se afectó el esclarecimiento de los hechos, lo que se traduce en una limitación al derecho a conocer la verdad de las víctimas”.
En consecuencia, la CNDH pidió a la Comisión Nacional de Seguridad reparar de forma integral el daño a las víctimas, en términos de la Ley General de Víctimas, que incluya compensación atención psicológica.
También deberá colaborar en la queja que formulará el organismo ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal en contra de dos elementos de esa corporación por el uso excesivo de la fuerza contra las víctimas; asimismo, contra dos policías más con motivo de la dilación en la puesta a disposición e irregularidades en la cadena de custodia.
Finalmente, se deberá investigar a otros cuatro elementos por su intervención en los hechos. Si la responsabilidad administrativa prescribió, la autoridad debe agregar al expediente personal la resolución que, en su caso, así lo determine.
Además, colaborar en la integración de la carpeta de investigación que se inicie con motivo de la denuncia de hechos que la CNDH formule ante la Procuraduría General de la República contra dos de los involucrados, e inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas, y designar al servidor público que será enlace con esta Comisión Nacional para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación.