CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda ocasión en menos de una semana, maquinaria pesada ingresó a tierras comunales de la localidad de Salazar, en el municipio de Lerma, Estado de México, en agravio de sus legítimos propietarios, denunció el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, que además reprobó el aval de las autoridades mexiquenses en la acción. El coordinador de la asociación civil, José Antonio Lara Duque, señaló que el ingreso de la maquinaria, ordenado por un particular, se enmarca dentro de una estrategia de invasión de tierras con el apoyo y el servicio de las policías municipales, sin dar validez a los documentos agrarios que se otorgaron a la comunidad de Salazar como propietaria de los predios. En un comunicado, el activista recordó que el pasado jueves 14 un vecino de la comunidad indígena se percató de que en las zonas de cultivo se encontraban aproximadamente 10 personas ajenas, a bordo de camionetas con vidrios polarizados y matrículas del estado de Guerrero, quienes ejecutaban trabajos de topografía y medían las parcelas. Uno de los trabajadores --identificado como Francisco Javier Gómez-- argumentó que el dueño de los terrenos les había dado la autorización, pero los pobladores de Salazar señalaron que se trata de tierras comunales, por lo que ordenaron la salida de aquellos. Minutos después los presuntos invasores regresaron resguardados por elementos de la policía municipal. De acuerdo con Lara Duque, la comunidad posee documentos de carácter agrario donde se les reconoce la posesión de tierras, pero temen que las sigan invadiendo. Desde hace más de 30 años los comuneros y pobladores de Salazar han defendido su territorio ante los intentos de despojo por parte de desarrolladores. Al respecto, Lara Duque denunció que el 30 de septiembre de 2016 se verificó un ataque armado por parte de particulares en contra de los pobladores y comuneros, quienes reconocieron a los agresores ante la policía. Luego los propios atacantes acusaron a la comunidad y a sus principales líderes de robo con violencia de un celular, y bajo ese pretexto cometieron la agresión policiaco-militar documentada en la carpeta administrativa 96/2017 y seguida por el juez de Control del Distrito Judicial de Lerma. Posteriormente, el 31 de agosto pasado, ocho defensores de las tierras de Salazar fueron detenidos con exceso de violencia.