COLIMA, Col. (apro).- María Elena Díaz Rivera, nombrada por el Senado como nueva magistrada numeraria del Tribunal Electoral del Estado (TEE), había sido removida el año pasado de la titularidad de la delegación de la Procuraduría Agraria en Colima en medio de denuncias de haber contribuido al aumento del divisionismo y la violencia en la comunidad indígena de Zacualpan. Tras movilizarse en 2013 contra la explotación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso, integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) acusaron a la entonces funcionaria federal de respaldar a un grupo vinculado al PRI y al gobierno estatal. Con el tiempo, los señalamientos crecieron hasta que, en marzo de 2016, Díaz Rivera fue separada del puesto, aunque la dependencia federal no aclaró los motivos de esa decisión. Antes, el CIDTZ y más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), la habían denunciado por “actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad” contra la comunidad indígena de Zacualpan, demandando que se le investigara “para considerar su remoción y deslinde penal”. Activistas defensores del medio ambiente también la responsabilizaron de presuntas agresiones físicas y amenazas de muerte proferidas por allegados de la exfuncionaria, con el propósito de que desistieran de la lucha. En 2004, la ahora magistrada electoral —hermana del exprocurador Arturo Díaz Rivera— había sido nombrada magistrada supernumeraria del TEE por un periodo de ocho años. El presidente del Consejo Político de Morena, Vladimir Parra Barragán, expresó este viernes su “rechazo enérgico” al nombramiento de María Elena Díaz como magistrada del TEE, ya que “en su actuar ha demostrado total parcialidad en favor del PRI y de los grupos de poder en la entidad”. Igual consideró que ello fue “un premio” del Senado a “tan cuestionada funcionaria” con un nombramiento que “debería otorgarse a personas con probada ética y responsabilidad democrática, características de las que adolece Díaz Rivera”. Añadió: “No olvidamos que por su complicidad con el gobierno del estado y con personas ligadas al PRI, (la ahora magistrada) fue una de las principales causantes de la situación de violencia y división en la comunidad indígena de Zacualpan, cuando se desempeñó como delegada de la Procuraduría Agraria, mostrando una nula disposición para atender las demandas de los afectados y favoreciendo a grupos violentos al interior de la comunidad, desatendiendo la petición de hacer respetar la voluntad del pueblo que optó por no permitir la instalación de un proyecto minero y, peor aún, aliándose con los empresarios mineros”. Asimismo, “tampoco olvidamos que fue ella quien inició una campaña de odio y criminalización contra activistas, defensores y defensoras de derechos humanos que solidariamente se sumaban a los esfuerzos de la comunidad por preservar su territorio y su medio ambiente”. Parra Barragán consideró que es claro que el desempeño de la exdelegada de la PA es apoyar y consumar los atropellos que el régimen de corrupción lleva a cabo contra el pueblo. Además, “es preocupante que, ante las elecciones que se avecinan, los grupos de poder en Colima estén moviendo sus piezas para preparar otro fraude electoral, pues saben que los resultados en las urnas no les favorecerán”.