SALTILLO, Coah. (proceso.com.mx).- Campesinos del ejido El Bajío de Caborca, Sonora se presentarán mañana lunes ante el Senado de la República para exigir que les restituyan sus tierras que les fueron ilegalmente despojadas por la minera estadunidense Penmont, informó un representante de los ejidatarios. José de Jesús Robledo Cruz, presidente de la asamblea de los ejidatarios, dijo que esperan que los senadores tomen un punto de acuerdo para exigir las resoluciones del Tribunal Agrario que obligan a la minera a regresarles sus tierras. “Esperamos que no ocurra lo mismo que con el señor presidente de la República, a quien pedimos su intervención para que se solucione el problema y no obtuvimos respuesta”, dijo Robledo Cruz en entrevista telefónica. “Vamos a la Cámara del Congreso de la Unión para pedir que tome un punto de acuerdo, que respete y haga respetar los derechos humanos que tenemos como personas, sujetos de la clase campesina”, agregó. El representante ejidal recordó que la minera Penmont se aprovechó de su necesidad económica y analfabetismo y los engañó. “Nos hizo firmar documentos, muchos en blanco, que utilizó para ocupar las tierras y pretender apropiárselas, dañándolas y contaminándolas, haciendo imposible el aprovechamiento de nuestros derechos agrarios”, expresó Robledo Cruz. Añadió que para recuperar sus tierras, los ejidatarios han promovido juicios en el Tribunal Agrario de Hermosillo, en Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados del Quinto de Circuito, incluso ya intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a pesar de ello no se restablece el Estado de Derecho. “El Estado mexicano viola nuestro derecho de acceso a la justicia, pues a pesar que existen 44 sentencias que son cosa juzgada, en la que se condenó a minera Penmont a restituir las tierras ejidales, así como a devolver todo el oro y minerales sustraídos de las tierras ejidales, las autoridades evaden la obligación de ejecutar sus resoluciones”, dijo Robledo Cruz. Añadió que Alberto Bailléres González, copropietario de la empresa minera, se niega a cumplir con las 44 sentencias antes mencionadas, devolver el oro sustraído y restituir las tierras en el mismo estado en que se encontraban cuando entró a ocuparlas. La empresa minera fue apoyada por Manlio Fabio Beltrones Rivera y Claudia Pavlovich Arellano ante las autoridades militares para que le autorizaran los permisos para uso de explosivos y pudiera continuar saqueando y contaminando las tierras. “La Procuraduría Agraria al principio nos brindó asesoría pero siempre favoreciendo a la minera, pues nos consta que la empresa entregaba dinero a los abogados agrarios de esa dependencia”, afirmó el presidente de los ejidatarios. Posteriormente el magistrado Benjamín Arellano Navarro autorizó  a Rafael Pavlovich Durazo, tío de la actual gobernadora de Sonora, para que ocupara las tierras ejidales. “Con relación a estos hechos formulamos una denuncia penal ante la Procuraduría General del Estado de Sonora en contra de Rafael Pavlovich Durazo, por el delito de robo y los que resulten; otra denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del magistrado agrario. “Denuncias que vemos que no se atienden, además de que a muchos de nosotros nos consta que agentes del Ministerio Público de la Federación han acudido al lugar de las tierras ejidales, en coordinación con los dueños y representantes de la empresa minera, por lo que las diligencias que desarrollan siempre favorecen a dicha empresa”, concluyó Robledo Cruz.