CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de niñas víctimas de secuestro y violencia sexual y organizaciones civiles acusaron a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala de negligencia al no investigar desapariciones presuntamente vinculadas con trata de personas. Dicha actividad, señalaron, ha afectado al menos a una decena de víctimas en los últimos 14 meses, aunque de manera oficial sólo hay registro de un caso en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en 2016. En conferencia de prensa, el abogado David Peña Rodríguez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (GADHJS), denunció la existencia de un “patrón sistemático” por parte de la Procuraduría de Tlaxcala para ocultar las desapariciones de niñas y mujeres. Junto con la Red Retoño, el GADHJS identificó la práctica criminal a partir del caso de Karla Romero Tezmol, jovencita de 13 años que desapareció hace 14 meses en el municipio de San Pablo del Monte. Para que la PGJT iniciara una carpeta de investigación, los padres y sus abogados tuvieron que solicitar la intervención de la justicia federal mediante un amparo, de ahí que este caso es el único que está registrado en el SNSP, aunque en el estado hay un registro de ocho, durante el periodo de 2012 a 2016. Peña Rodríguez explicó que a partir del conocimiento de sustracciones de siete menores y tres mujeres, los representantes de las víctimas han podido identificar un “patrón sistemático” de la PGJT por el que “sólo abre reportes administrativos, clasificados como actas circunstanciadas, en las que se determina invariablemente que ‘no hay delito que perseguir’; cuando las familias empiezan a aportar pruebas a estas mismas actas circunstanciadas, los videos se rompen, los testimonios se pierden y finalmente, como al SNSP lo que se reportan son carpetas de investigación o averiguaciones previas, la PGJT no reporta las desapariciones de niñas y mujeres”. Es decir, “la Procuraduría ha actuado de manera sistemática para ocultar la información y para manipular las cifras. Al día de hoy si entramos al registro de SNSP la única persona desaparecida oficialmente es Karla Romero, pero esas cifras están manipuladas”, apuntó Peña. Olga Tezmol, mamá de Karla, contó que cuando reportó la desaparición de su hija, la responsable de la Alerta Amber en Tlaxcala, Myriam Quiroz, sin mayores elementos le dijo que su hija se había ido por su propia voluntad  y que sólo activaría “una prealerta porque la exprocuradora (Alicia Fragoso) dijo que la niña no había salido del estado”. En noviembre del año pasado, la familia Romero Tezmol ganó un amparo para que se integrara la carpeta de investigación por desaparición, sin que hasta hora vean avances, por lo que exigió al gobernador priista, Marco Antonio Mena, una reunión con las familias afectadas para “escuchar de viva voz los testimonios”. En octubre y diciembre del año pasado, las menores Sandra Xahuantitla y Sarahí Tezmol, originarias de San Pablo del Monte, también fueron sustraídas, y localizadas gracias al empeño de vecinos, luego de que a los padres se les negara la activación de la Alerta Amber. Las menores fueron localizadas con huellas de violencia física y sexual, pero pruebas como el rastro de semen del agresor, desaparecieron del expediente del acta circunstanciada. Miriam Pascual, de la Red Retoño, explicó que las familias de San Pablo del Monte, limítrofe con Puebla, sostienen que las jovencitas son raptadas sobre la carretera y obligadas a subir a autos en movimiento. Al recordar que ese municipio forma parte de una región comprendida por otros seis y es identificada como una ruta de trata, la defensora consideró de suma gravedad la negligencia de las autoridades ministeriales para abordar estos casos. Recordó que en 2009, tras un operativo policiaco en La Merced, en la Ciudad de México, se rescató a varias víctimas de trata, 60% de ellas originarias de San Pablo del Monte, antecedente que justifica la activación inmediata de la Alerta Amber. Durante los últimos 14 meses, apuntó, en San Pablo del Monte se sabe de la desaparición de siete menores y tres mujeres. Hasta ahora se han denunciado los casos de Brenda Tlatelpa Mora, Lizeth Cantor, Karla Mireya García Paredes, Sarahi Tezmol Salas, Sandra Elisa Xahuantitla, Aurora Paredes Vicente, Graciela Sánchez Esquina y Alberta Cruz Hueyo. A tres meses de iniciado el nuevo gobierno de Tlaxcala, Pascual destacó la exigencia de las familias por la creación de la Unidad de Análisis de Contexto para la Investigación de Delitos Vinculados a Trata de Personas, Feminicidios, Homicidios Dolosos y Desapariciones de Niñas y Mujeres y la destitución y sanción para funcionarios que se han negado a investigar la violencia contra las mujeres y la trata de personas. También piden instruir a los ministerios públicos a abrir carpetas de investigación ante denuncias por desaparición; que se transparenten las cifras sobre desaparición, violación y feminicidio; que se respete el derecho a la verdad de las familias y se diseñe un esquema de reparación del daño.