De cada 10 delitos, ocho se cometen con armas de fuego: Poder Judicial de Guanajuato
GUANAJUATO, Gto. (apro).- El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Miguel Valadez Reyes, respaldó las iniciativas locales y federales para incrementar sanciones por el uso y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, ante el incremento en su uso para la comisión de delitos: actualmente, reveló, en la entidad ocho de cada 10 delitos involucran el uso de armas prohibidas para los civiles.
“Sobre todo el homicidio, lesiones graves, lo que tenemos registrado de manera más recurrente es el uso de armas de fuego prohibidas en un altísimo porcentaje de casos”, dijo el titular del Poder Judicial del estado.
“Ya no es como antaño, en donde se usaban armas blancas, violencia física en riñas callejeras. Ahora son agresiones armadas, en la calle, en motocicletas”, ejemplificó.
Valadez Reyes se reunió la semana pasada con diputados locales para revisar una iniciativa del PVEM que propone endurecer penas.
El magistrado resaltó que el tema del uso de armas es una preocupación nacional, y recordó que actualmente hay dos iniciativas en el mismo sentido en el Senado de la República, además de una propuesta hecha por el mandatario Miguel Márquez, a través de la Conago.
“La ley está desfasada, ya no corresponde a la actualidad, a una exigencia de protección social, y no olvidemos que el derecho tiene que responder al reclamo social de protección de valores. Cuando una ley ya no cumple esa finalidad, ya no es una buena ley… hay consenso para la necesidad de cambios legislativos”, señaló.
Para proteger mejor a la sociedad, argumentó, se debe recurrir a las normas penales para revisar la portación de armas de uso exclusivo del Ejército y la Armada, ya que el otro fenómeno ligado al uso de las armas de grueso calibre es la delincuencia organizada.
“En la ley de armas de fuego se señala de manera limitada cuáles son las armas que un particular puede tener y registrar en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero las que se usan son las de grueso calibre… y ya no se trata de hechos cometidos en solitario, los ataques que acaban con privación de la vida son de dos, tres implicados. El uso de las armas prohibidas está ligado a delincuencia organizada”, insistió.
La propuesta, explicó, es que el Código de Procedimientos Penales (nacional y local) tenga una sanción proporcional, pero mayor a la que está establecida actualmente, para hacerla congruente con la prisión preventiva para los responsables del acopio y uso de estas armas.
“Si el responsable recibe una sentencia condenatoria, ésta sería coherente con el lapso de la prisión preventiva”, dijo.
Una opción para conseguir esta modificación legal, sin entrar en el proceso de una reforma a la Constitución, es la modificación del Código Penal, con el fin de incluir dentro del rubro de los delitos cometidos contra la nación los ilícitos previstos en la Ley Federal de Uso de Armas de Fuego y Explosivos.
“El artículo 19 constitucional establece en términos muy sencillos y claros que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, violación, trata de personas. Pero luego dice delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos… hemos tenido una seria dificultad para definir qué debe entenderse por armas, porque no habla de armas de fuego”, detalló el magistrado.
“Una alternativa más sencilla que la reforma constitucional al artículo 19 sería que en el capítulo de Delitos contra la Nación (del Código Penal) se establecieran dos renglones que dirían más o menos: se consideran delitos contra la seguridad de la Nación los previstos en los artículos de la Ley Federal de Armas, así estos delitos automáticamente estarían comprendidos en este título y entrarían a la lista para prisión preventiva”.
Según el presidente del Supremo Tribunal guanajuatense, este es un momento oportuno para realizar esta modificación legislativa; “no olvidemos que se está cocinando en el Congreso de la Unión una Ley de Seguridad Interior que tiene que ver con las encomiendas de las fuerzas armadas”.
Con ello, añadió, “estaríamos haciendo congruente lo relativo a la inclusión del uso de estas armas en delitos contra la seguridad de la Nación, porque justamente son armas cuyo uso sería regulado en esta nueva Ley de Seguridad Interior”, concluyó.