Fiscalía de Veracruz presume hallazgo de joven… siete meses después de que su familia lo sepultó

jueves, 23 de marzo de 2017
VERACRUZ, Ver. (apro).- El 2 de septiembre de 2016, Isaías Jácome Hernández, un joven de 29 años de edad que se dedicaba a hacer instalaciones de la empresa Dish, salió de su casa rumbo al trabajo, en el puerto de Veracruz, pero no volvió. Durante tres días la familia emprendió una campaña de búsqueda en redes sociales, hospitales, separos de la policía y casas de los amigos de Isaías en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín. En rueda de prensa, el pasado domingo 19, el titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, dio detalles pormenorizados del hallazgo de una fosa en un predio particular de la comunidad de Arbolillo, en Alvarado. En ese lugar, dijo, se hallaron cientos de restos humanos y 47 cráneos, entre ellos, presumiblemente, los de una familia de Querétaro y otros tres jóvenes, uno de los cuales sería Jácome Hernández. “Existen indicios que permiten hacer presumible que dentro de los restos exhumados se encuentran los del joven Isaías Jácome Hernández, el cual fue denunciado como desaparecido el día 6 de septiembre del año 2016, lo que dio inicio a la carpeta de investigación 1582/2016 radicada en la Fiscalía de la ciudad de Veracruz”, apuntó ese día. Pero el cuerpo sin vida de Isaías Jácome fue arrojado sobre la carretera de la localidad de Tejería, en la zona industrial del municipio portuario, el 5 de septiembre de 2016, y un día después –cuando según la FGE fue reportado como desaparecido– el joven fue velado y enterrado por sus familiares. La familia de Jácome Hernández entregó al Colectivo Solecito una carta en la que recriminó la indolencia de la FGE y su poca sensibilidad, además de su falta de pericia para tratar el tema de los desaparecidos. “Tiene siete meses que enterramos a nuestro Isaías Jácome, exigimos que nos dejen seguir en paz nuestro duelo”, puntualiza la misiva. Incluso, en un breve rastreo en la red social Facebook aparece una docena de esquelas virtuales por el fallecimiento del joven instalador de Dish, así como condolencias por parte de sus amigos. Ahí mismo fue subida una imagen de Isaías, con una tenue barba, vestido con una playera roja. La misma fotografía fue utilizada por familiares y amigos del 2 al 5 de septiembre de 2016 –hace más de 200 días– para dar con su paradero. La noche de ayer, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares pidió “una disculpa pública” a nombre del fiscal por las quejas de los colectivos de desaparecidos, que cuestionaron la capacidad, conocimiento y sensibilidad del funcionario para tratar el tema. Y en rueda de prensa en el Congreso local, el propio Jorge Winckler pidió “una sincera disculpa” a la familia Sánchez Pérez de Querétaro –tres de cuyos integrantes (Javier Sánchez, Dolores Pérez y Natividad Sánchez) desaparecieron el 3 de septiembre de 2016–, que se mostró indignada después de que la FGE sostuvo que “presumiblemente” aquellos habían sido hallados muertos en la fosa de Alvarado. El funcionario estatal hizo la declaración después de que se encontraron las credenciales de elector de las víctimas, y plásticos de tarjetas departamentales con el nombre de la familia, pero sin hacer los exámenes de ADN para comprobar que se trataba de ellos. “Lamento mucho y sinceramente pido una disculpa, nunca fue mi intención, ni de la Fiscalía, lastimar a las familias, a ninguna víctima, ni a nadie en específico”, apuntó. Apenas ayer, una radiografía proporcionada por el propio Winckler reveló la magnitud del problema de los cementerios clandestinos en Veracruz, pues durante el sexenio del exgobernador Javier Duarte –prófugo de la justicia desde hace más de 150 días– se detectaron fosas de ese tipo en 43 ciudades de la entidad. El mapeo de dichas fosas, elaborado por los funcionarios actuales de la FGE, ilustra que el crimen organizado utilizaba como cementerios clandestinos todas las regiones de Veracruz, Totonacapan, la Huasteca, los Tuxtlas, la región Olmeca y las periferias de las grandes ciudades. El listado detalla que hay tumbas irregulares en: Pueblo Viejo, Veracruz, Oluta, Ixmatlahuacán, Perote, Misantla, Teocelo, Coatepec, Emiliano Zapata, Tuxpan, Papantla, Acayucan, Jáltipan, Nanchital, Chinameca, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Lerdo de Tejada, Rodríguez Clara, Isla y Alto Lucero. También en Alvarado, Chontla, Moloacán, Oteapan, Tres Valles, Carlos A. Carrillo, Tihuatlán, Las Choapas, Soconusco, Mecayapan, Chicalpextle, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Castillo de Teayo, Tampico Alto, Texistepec, Tlacotalpan, Ixtaczoquitlán, Córdoba y San Rafael. Según el fiscal, en estos 43 lugares donde se realizaron inhumaciones se hallaron 225 cuerpos, “sin tomar en cuenta” los hallazgos de Colinas de Santa Fe, donde sólo han sido identificados dos cadáveres, pero existe un número indeterminado de restos. Un parámetro de referencia –explica– son los 245 cráneos localizados. Tampoco entran en la numeralia los 47 cráneos y cientos de restos humanos exhumados del 17 al 19 de marzo en la congregación de Arbollillo, en el municipio costero de Alvarado. En ese lugar, personal de la Marina-Armada de México y de la dirección de servicios periciales de la FGE, además de policías ministeriales, detectaron ocho fosas en un predio particular. En el sexenio de Duarte, Proceso documentó 20 cementerios clandestinos en Veracruz, de norte a sur, de los cuales la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ), la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el propio exgobernador admitieron únicamente la existencia de la mitad de ellas y la consecuente exhumación. En Veracruz, colectivos como Familias Enlaces Xalapa y Solecito han denunciado negligencias y omisiones de las autoridades, sobre todo en el manejo irregular de cuerpos No Identificados (NI), arrojados a la fosa común en diversos panteones de la entidad. “La administración anterior fue negligente y desordenada en el ámbito de hallazgos de restos no identificados. Al no ser procesados correctamente, sin obtener los perfiles genéticos, tanto de los restos como de familiares de personas desaparecidas, cientos de cuerpos fueron enviados a la fosa común sin ser identificados. Además, el proceso de inhumación en fosas comunes tampoco era ordenado, lo que genera incertidumbre sobre el número real de cuerpos enviados a éstas”, expresó Winckler. Y ahora, dijo, la Fiscalía General del Estado tuvo que solicitar la asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja para la elaboración de un plan de exhumaciones apegado a los estándares y protocolos internacionales rigurosos.