CHILPANCINGO. Gro. (apro).- El obispo católico de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, afirmó que el gobierno de Héctor Astudillo Flores pactó con el narco en algunas regiones de la entidad pero que la violencia no cesa porque “en el fondo hay cierta repartición de dividendos entre ambos”, indicó. “Por debajo de la mesa ya hay arreglos. El gobierno y las bandas delincuenciales ya se entienden, sólo que públicamente no lo quieren decir. La violencia sigue porque no la quieren aplacar, porque esto del narcotráfico es un gran negocio a nivel nacional y ni modo que los de Guerrero sean almas puras”, expresó el prelado. Consultado ayer al término de una homilía en esta capital, Rangel Mendoza criticó el discurso de Astudillo, quien afirma que la entidad es segura porque los muertos “no son turistas ni personas famosas” y que la incidencia delictiva ha disminuido en las principales ciudades como Acapulco, Chilapa, Chilpancingo y Zihuatanejo. “Yo en lo que no estoy de acuerdo es con los discursos triunfalistas que dicen que vamos bien y logramos tanto, pero nunca reconocen los errores que se han cometido, nunca reconocen el mal que existe. Se dan baños de pureza al decir que vamos bien, vamos perfecto, pero yo no lo creo”, expresó el obispo católico y remató: “Que le pegunten a la gente cómo ha aumentado la delincuencia, cómo han aumentado los asesinatos”. El jerarca católico afirmó que el gobierno de Astudillo no sólo sabe quiénes son los jefes criminales y dónde operan, sino que se ha reunido con organizaciones criminales y mantienen acuerdos “bajo la mesa”. Incluso, dijo que él también ha tenido que “dialogar” con líderes de los grupos delincuenciales que operan en la región oriental, occidental y el sur de la entidad para garantizar la seguridad de algunos sacerdotes que están amenazados de muerte, indicó. De acuerdo con reportes oficiales, esta franja de la entidad es controlada por las bandas de Los Ardillos que dirige la familia del aspirante a la dirigencia estatal del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, y tiene su bastión en el municipio de Quechultenango; mientras que el cartel del Sur mantiene su hegemonía en la Sierra y la guardia comunitaria de la UPOEG se extiende de la región Centro a la zona rural de Acapulco. “Yo siempre les he dicho que tenemos que abrir, incluso oficialmente todas las diócesis de Guerrero decidimos un proyecto a favor de la paz y la reconciliación, y por eso me vi en la necesidad de hablar con esas personas”, expresó. Dio a conocer, sin revelar detalles, que un sacerdote estaba amenazado por el crimen organizado y que tuvo “un peligro más grave”, por lo que se desplazó a la zona del conflicto donde dos grupos están confrontados pero que él “fue atendido muy bien” por ambas bandas. En el caso de la capital, el obispo Rangel dijo que le ha sido imposible reunirse con los jefes delincuenciales porque aseguró que existen varios criminales que le hacen al traficante, al narcotraficante y al secuestrador “y ya lo dijo el refrán popular: Señor, líbrame de los tontos”, expresó. Luego, reiteró su llamado al gobierno de Astudillo para que haga público el pacto que mantiene con algunos grupos criminales y se dialogue en definitiva con el narco para apaciguar la entidad que se encuentra hundida en una grave crisis de violencia, inseguridad e impunidad que ha dejado una estela de homicidios y desapariciones de personas.