HIHUAHUA, Chih.- Las policías de los municipios chihuahuenses serranos y del noroeste fueron infiltradas por el narcotráfico, paulatinamente y con la complicidad de las anteriores autoridades, cuando se negó el problema que lacera a la Sierra Tarahumara y el noroeste. En varios ayuntamientos el crimen organizado logró cooptar, además de los jefes policiacos, a directores de obras públicas y hasta alcaldes, confirma el secretario general de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles. Ante delitos de lesa humanidad en la Tarahumara, como matanzas, desapariciones masivas, desplazamientos forzados principalmente de comunidades indígenas, el gobierno anterior, el de César Duarte Jáquez, se mostró sordo, ciego, mudo y hábil para ocultar los números de la tragedia, dice. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de inteligencia militar, por lo menos siete directores de policías municipales son miembros de grupos delictivos. También hay 19 directores de Seguridad Pública Municipal que no han sido evaluados y siete más que reprobaron: los de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero y Santa Bárbara, quienes en cualquier momento podrían recibir el aviso de baja de la corporación. En otros seis, según datos hemerográficos y testimonios de víctimas que han denunciado ante las autoridades o ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), también han actuado en complicidad con el crimen organizado. En mayo de 2013 la administración anterior decretó que 65 ayuntamientos (excepto Juárez y Chihuahua) permitieran que la Policía Estatal Única se hiciera cargo de la seguridad. En el decreto, firmado por el exgobernador Duarte, así como por el entonces titular de la FGE, por los alcaldes y directores de Seguridad Pública Municipal, se dan facultades a la PEU para hacerse cargo de la seguridad de sus respectivos municipios, así como de la capacitación y evaluación de sus efectivos. Cualquier modificación del decreto (por tiempo indefinido) deberá hacerse de común acuerdo por las partes; en caso de que un ayuntamiento deseé derogarlo, tiene que hacerlo con 30 días naturales de anticipación. Cuestionados, investigados Los actuales jefes policiacos señalados por los informes de inteligencia son: Sergio Horacio Payán Meza, de Ascensión, quien fue agente de investigación de la FGE; Javier Ramón García Aldama, de Batopilas, expolicía municipal; Martín Ramírez Medina, de Chínipas; Édgar Eliud Hernández Tovar, de Coronado, expolicía municipal; Saúl Rochín Ayón, de Guazapares; Marcos Antonio González Hernández, de Guerrero, y Abel Lorenzo Villalobos Espinoza, de Santa Bárbara, jefe de seguridad por segunda vez. Según las mismas fuentes, la Policía Municipal de Guadalupe y Calvo protege al grupo delictivo que opera de la cabecera hacia el ayuntamiento de Balleza. En la zona de Guadalupe y Calvo y Balleza opera como presunto líder criminal Mario Eleno Félix Corral, El Cepillo, uno de los 10 objetivos de la PGR en Chihuahua. Es conocida la presencia de ese sujeto en la región, donde ha apoyado a pobladores de los dos municipios. En la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo y en El Vergel, ayuntamiento de Balleza, instaló redes gratuitas de wifi llamadas “Apoyo para el pueblo” y “Del Cepillo para el pueblo”. Martín Ramírez Medina, director de Seguridad Pública de Chínipas e identificado por las autoridades como cercano al grupo delictivo de Los Salazar, sostiene al subdirector, que presuntamente es parte de esa mafia, de acuerdo con el informe de las autoridades. Los mismos habitantes desplazados de ese municipio han denunciado que Ramírez, quien fue director de la corporación desde el trienio pasado, es sobrino de Cristina Ramírez, esposa de Adán Salazar Zamorano, detenido en febrero de 2015 y recluido en un penal federal por delitos contra la salud. En Moris relacionan al director de Seguridad Pública, Pablo Ramón Pinto Beutelspacher, con el grupo de Los Salazar. Él fue propuesto en una terna para elegir jefe policiaco de Chínipas en 2013, pero el Congreso estatal no lo eligió. El director de Seguridad de Nuevo Casas Grandes, Julio César Ramírez Valdez, fue detenido en noviembre de 2010 por la PGR junto con otros agentes y el exministerial Jorge Gutiérrez Corral, El Chule, por su presunta participación en el asesinato de Mario González, hermano de la exprocuradora Patricia González Rodríguez. Ramírez Valdez quedó libre meses después. El alcalde David Martínez informó entonces que su jefe policiaco había sido liberado y había aprobado el examen de confianza, por lo cual fue aprobado en el cargo por el cabildo. En el caso de Payán, de Ascensión, quien reprobó el examen de confianza, también es señalado como parte de grupos delictivos y fue agente de investigación de la FGE. Fue objeto de una recomendación –la 26/2014– dirigida al exfiscal Jorge Enrique González Nicolás. En 2012 la CEDH pidió que se le investigara, cuando era Ministerio Público, por la presunta comisión de delitos de extorsión y usurpación de funciones. No se conocieron los resultados. En el municipio de Madera hay dos demandas presentadas desde 2013 ante la Fiscalía Zona Occidente y desde julio de 2014 ante la PGR por la desaparición del ganadero Abel Corral Salcido, en las que señalan la presunta participación del exalcalde Pablo Granados. El municipio de Urique es uno de los que más indígenas desplazados registra, junto con Uruachi y Guadalupe y Calvo. Para sembrar drogas, los narcotraficantes les han arrebatado la tierra a los rarámuri desde hace más de dos años. En mayo pasado habitantes de El Churo denunciaron ante la Fiscalía Zona Occidente el hostigamiento y extorsión de parte de policías municipales que los detienen con cualquier pretexto y les cobran miles de pesos para dejarlos libres o simplemente para no golpearlos. Los pobladores de El Churo decidieron denunciar, con el apoyo de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos; pero los delincuentes que cobran en la nómina de Seguridad Pública arremetieron contra varios indígenas para que les dijeran quién los delató. Hasta ahora no hay sanciones para los agentes. Bachíniva es otro municipio donde es evidente el control del grupo delictivo La Línea. En esa región del noroeste opera Carlos Arturo Quintana, El 80, y en ­Cuauhtémoc operaba César Gamboa Sosa, El Cabo, asesinado el domingo 19. En el pasado proceso electoral el PRI postuló como candidata a la alcaldía de Bachíniva a Silvia Mariscal Estrada, suegra del 80. Su candidatura no prosperó. En Guazapares fue reelegido Saúl Rochín Ayón como jefe de Seguridad Pública; es otro de los señalados por las autoridades por su cercanía con el grupo delictivo que opera en la región, del Cártel de Sinaloa. Él reprobó el examen de confianza. Este texto se publicó en la edición 2108 de la revista Proceso del 26 de marzo de 2017.