MONTERREY, NL (apro).- Un niño de 13 años fue asesinado de un balazo durante un operativo de la policía estatal Fuerza Civil (FC), del que no se tenían noticias hasta ahora y el cual tiene como objetivo “disuadir bailes colombianos para evitar riñas” a través de la exhibición de poder de la autoridad. Lo anterior se desprende de la recomendación 3/2017 que emitió hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), en el que encontró presuntos responsables a los elementos que participaron en la acción, que ocurrió la noche del 3 de septiembre pasado en la calle Camino Real de la colonia Fomerrey 24, de esta capital. Por lo menos cuatro uniformados accionaron sus armas esa noche, señala el reporte de 19 páginas hecho público este lunes 27. Uno de ellos se encuentra vinculado a proceso por el crimen. En el expediente de queja CEDH-369/2016 enviado al secretario de Seguridad Pública del estado, general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, se acusa a elementos de FC de violar el derecho a la vida por ejecución arbitraria; a la integridad personal por el uso excesivo de la fuerza, así como de incurrir en actos de discriminación. En la recomendación que hoy fue hecha pública se establece que, de acuerdo con reportes de testigos, durante la celebración de baile de vallenato, a las 23:00 horas, “aparentemente policías de Fuerza Civil habían comenzado a disparar sin motivo alguno contra los jóvenes presentes”. En el lugar un niño de 13 años, identificado como Jovanni Yair Espinoza, fue herido de bala en el hombro izquierdo y trasladado al Hospital Universitario, donde murió a las 2:53 horas del día siguiente. La abuela del menor presentó ante la CEDHNL la respectiva queja el 6 de septiembre de ese año, sobre el hecho que, por esos días, fue profusamente difundido en medios locales. En la recomendación se revela el operativo efectuado por Fuerza Civil que tenía como propósito exhibir su poder y evitar reuniones como la que ocurrió esa noche. Precisa el documento: “De la actuación del personal de Seguridad Pública del Estado, se aprecia de la información remitida por el comisario general de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil, consistente en los partes informativos de los 12 elementos que participaron en los hechos analizados, así como de las entrevistas practicadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, dentro de su informe policiaco, que el personal de Fuerza Civil llegó en tres unidades (1125, 1185 y 1159) a realizar el operativo denominado ‘Demostración de Fuerza’, mismo que tenía por objetivo ‘disuadir bailes colombianos para evitar riñas’”. El reporte destaca que por lo menos cuatro elementos accionaron sus armas de fuego luego de que fueran agredidos por los presentes con botes, piedras y otros objetos, y uno de los policías “realizó disparos directamente a la gente que se dispersaba por la calle Camino Real, lugar donde fuera lesionado el menor de edad, lo cual fue corroborado por tres menores de edad que se encontraron en ese lugar”. El dictamen de balística de la Procuraduría local determinó que los cinco casquillos encontrados en el lugar fueron percutidos por dos armas largas que portaban elementos de FC. De la investigación emprendida por la CEDHNL se desprende que uno de los efectivos estatales se encuentra vinculado por este hecho por un juez de control, que validó la identificación que de él hizo un compañero de la misma corporación que lo identificó como uno de los que disparó a los presentes. La Comisión Estatal concluyó que con base en las evidencias recabadas, el menor muerto no portaba arma de fuego y que corría para evitar los disparos, “por lo que no representaba problema alguno para los agentes estatales de Fuerza Civil”. En esa acción hubo desproporción en el uso de la fuerza y el operativo en realidad provocó más daño, pese a su propósito preventivo. “Considerando que no se trataba de un caso excepcional, se tiene que resultó mayor el daño causado que el objetivo planteado en la ejecución del operativo ‘Demostración de Fuerza’, que era disuadir bailes colombianos para evitar riñas campales”, dice el organismo en un análisis que hizo en el empleo de la fuerza de FC. En la recomendación que presentó hoy la ombudsman estatal Sofía Velasco Becerra, se demanda a FC indemnizar a la familia del menor y el procedimiento de responsabilidad administrativa contra los elementos involucrados en el hecho. Igual enfatiza en la urgencia de implementar protocolos en materia de detención y uso de fuerza en las acciones de la corporación, así como en la capacitación de sus elementos en materia de derechos humanos.