CUERNAVACA, Mor. (apro).- José Fierro Escobar, detenido y acusado por la Fiscalía local de asesinar al empresario organizador de la Feria Cuernavaca 2017, Juan Manuel García Bejarano, fue vinculado a proceso y en audiencia con el juez de control, declaró que habría sido pagado para cometer el homicidio. El imputado solicitó hacer su declaración en privado y, según fuentes y medios locales, en ese momento habría señalado directamente al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de ser el autor intelectual del crimen. También mencionó a un “güero con acento español”, supuestamente brazo derecho del exfutbolista e identificado como José Manuel Sanz. De acuerdo con las mismas fuentes, el imputado habría recibido 200 mil pesos de adelanto por un pago total pactado de un millón 200 mil pesos. No obstante, no se reveló si el acusado declaró el motivo del asesinato perpetrado el jueves 6 de abril, en la cabalgata previa a la inauguración de la Feria Cuernavaca 2017. Tras los elementos presentados por el Ministerio Público, el juez Daniel Adán Rodríguez Apac vinculó a proceso a José Fierro y fijó como plazo de tres meses para concluir las investigaciones y realizar el desahogo de pruebas. Durante ese plazo, se deberán realizar las diligencias que se desprendan de las acusaciones que el imputado hizo contra “otros actores”, como definió el juez a los otros participantes. Blanco rechaza acusación En su cuenta de Twitter, el alcalde Cuauhtémoc Blanco rechazó las acusaciones del presunto asesino del empresario organizador de la Feria Cuernavaca 2017. Además, en un comunicado difundido por el exfutbolista, calificó las acusaciones de “infundadas y absurdas” y agregó: “niego categóricamente cualquier imputación que se realiza en mi contra”, respecto al asesinato en mención. Igual que en otro comunicado difundido a principios de esta semana, Blanco Bravo acusó al gobernador, Graco Ramírez, del PRD, de estar detrás de una “maniobra” para “manipular” las pesquisas en el caso García Bejarano. El alcalde de Morelos insistió en que debe ser la Procuraduría General de la República (PGR) la que ejerza “su facultad de atracción” para realizar “las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades respecto al trágico y lamentable homicidio”. La petición la hizo para “asegurar que el gobierno del estado de Morelos se abstenga alejado (sic) de influir políticamente en lo que en derecho corresponda”. Y es que, según Blanco Bravo, “las instituciones del estado de Morelos trágicamente se encuentran cooptadas por el gobernador, Graco Ramírez, quien ha dejado de gobernar a su estado, pues solo se ha enfocado en atacar frontalmente a los líderes y ciudadanos que solo buscamos un mejor porvenir para Morelos y, en mi caso, para Cuernavaca”. Finalmente, el presidente municipal dijo tener “profundo dolor” por ser inculpado de algo “que evidentemente no aconteció; sin embargo, de forma responsable y velando por que la verdad salga a la luz, reitero mi compromiso en colaborar con las instancias federales para que de forma inmediata todos los ciudadanos mexicanos y, en particular, los de Morelos y Cuernavaca, puedan saber con plenitud lo que ocurrió y la trágica realidad que nos aquejan las personas que actualmente detentan el poder en el estado de Morelos”. El Partido Encuentro Social (PES), fuerza política a la que se integró hace unas semanas el alcalde morelense, emitió un comunicado para respaldarlo: “El Partido Encuentro Social repudia y rechaza las aseveraciones formuladas por José Fierro Escobar, en el sentido de que quien habría ordenado el asesinato del empresario es el alcalde de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco”, advirtió. Con estos antecedentes, se multiplicaron las versiones no confirmadas de que la FGE habría solicitado al juez librar órdenes de aprehensión contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y su secretario técnico, José Manuel Sanz, quien fue su representante como futbolista. En Morelos, los presidentes municipales no tienen fuero constitucional, por lo que en caso de que exista una orden de aprehensión en su contra, el exseleccionado mexicano podría ser detenido y sometido a proceso penal sin mayor trámite.