CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador Javier Duarte, actualmente preso en Guatemala, puso agua potable del puerto de Veracruz y un proyecto de generación de energía eléctrica en manos de Javier Chuman Rojas y Eduardo de Melo Pinto, dos personeros de Odebrecht que son acusados de sobornos y lavado de dinero en Brasil. Así lo destaca un informe difundido por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y señala que como mandatario estatal, Duarte decidió que el gobierno veracruzano se asociara con filiales de la constructora brasileña que esta semana recibió en Estados Unidos la multa más grande de la historia por actos de corrupción: 2 mil 600 millones de dólares. El exgobernador, precisa el documento, jugó un papel clave para que durante 30 años –en un proceso plagado de irregularidades– se concesionara a Odebrecht el servicio de agua para los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín. En esa operación también participa un consorcio catalán. También se asoció en un proyecto de generación eléctrica y de abasto de agua en Xalapa, en la que su gobierno aportaría 355 millones de pesos en alianza con Odebrecht. En esas operaciones, los socios de Duarte fueron Javier Chuman Rojas y Eduardo de Melo Pinto, quienes están procesados en el sumario de Lava Jato, la mayor operación judicial anticorrupción que ha sacudido a Brasil desde el año 2014 con más de cien políticos involucrados en la asignación de contratos públicos a favor de un cártel de empresas, entre las que se encontraba la constructora Odebrecht, que extendió su red de sobornos a 12 países en América Latina y África, incluido México. En la causa judicial que se sigue contra Odebrecht en el caso Lava Jato aparecen acusaciones contra Chuman Rojas, actual directivo del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) de Veracruz, y De Melo Pinto, fundador y consejero de tres empresas que Odebrecht creó en Xalapa en 2013 para aliarse con el entonces gobernador Javier Duarte, revela la investigación de Mexicanos contra la Corrupción. A Chuman Rojas se le acusa de haber participado en una red de corrupción en África, mientras que De Melo Pinto es involucrado en el pago de un soborno de 3 millones de dólares a un político brasileño. Negocios turbios con Duarte A lo largo de seis años (entre el 1 de diciembre del 2010 y el 12 de octubre del 2016) Odebrecht instaló en suelo veracruzano 13 empresas. Antes, tenían sólo una. El gobierno de Javier Duarte –acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita– otorgó los permisos para que cuatro de esas empresas explotaran recursos naturales. Según el texto de MCCI, el Estado no obtendría ganancias económicas por esos negocios y dejó pasar graves irregularidades en un contrato para el suministro de agua potable en la zona conurbada del puerto. Odebrecht obtuvo dos permisos para generar electricidad por parte de la Comisión Reguladora de Energía en octubre de 2013 y no ha usado esos permisos porque una ola de protestas sociales los detuvo. La gente se opuso a que utilizaran el cauce del río Los Pescados para generar electricidad. Sin embargo, podrían hacerlo en cualquier momento. En Brasil, el exvicepresidente del consorcio Henrique Serrano do Prado ha confesado que pagaron un soborno por 3 millones de dólares para una planta hidroeléctrica llamada San Antonio. Se trata del mismo tipo de negocios que pretendían en Veracruz. Y el encargado de ese soborno, el brasileño Eduardo de Melo Pinto, estuvo en Veracruz como apoderado legal y director en tres de las empresas de Odebrecht que pretendieron echar a andar una planta generadora de energía eléctrica en Xalapa. Odebrecht también infiltró a otro de sus hombres de confianza en México: Javier Chuman Rojas, quien ha ocupado cargos directivos en el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) en Veracruz. Este personaje está acusado por blanqueo de dinero en una de las investigaciones contra el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, de acuerdo con el expediente obtenido por MCCI. Concesionan agua 30 años… pese a escándalo El 9 de junio del 2015, Obredecht Ambiental ganó un contrato para manejar el agua potable en la zona conurbada de Veracruz. El título de concesión por 30 años –incluido en la negociación– no tuvo fecha de inicio, por lo que tampoco podía saberse cuándo terminará, según una auditoría hecha por el Órgano Fiscalizador Superior del Estado de Veracruz (ORFIS). Eso, la falta de una fecha clara de inicio y término, no es la única anomalía del contrato: tiene espacios en blanco, careció de viabilidad técnica, nunca participó el Comité de Adquisiciones e intervino una “persona ajena” a los gobiernos locales –de la cual no se conoce su nombre–, de acuerdo con la revisión correspondiente a la Cuenta Pública 2015. Cuando en Veracruz se anunció que Odebrecht ganó ese contrato, ya tenía más de un año de haberse destapado en Brasil el caso “Lava Jato”. El órgano de gobierno del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) anunció como ganador de la licitación pública internacional a Odebrecht Ambiental, a pesar de que estaba obligado a buscar un inversionista “de reconocido prestigio y solvencia”, según el dictamen aprobado para su creación por el Congreso del estado desde el 6 de febrero del mismo 2015. El ORFIS informó a MCCI que las irregularidades encontradas no implicarían sanciones penales ni administrativa y tampoco la rescisión del contrato. Por medio de su dirección de Comunicación Social indicó que sus observaciones pueden ser o no atendidas por el organismo operador que controla Odebrecht. Tan sólo diez días después de que dieron a conocer al ganador de la licitación, Marcelo Odebrecht fue detenido. El viernes 19 de junio de ese mismo año, 2015, el dueño y director del Grupo Odebrecht pisó la cárcel acusado de manejar un esquema de sobornos calculado en más de 3 mil millones de dólares. Este arresto, difundido a nivel internacional, no impactó en el Golfo de México, al menos no entre las autoridades jarochas. El negocio seguía viento en popa. Tan sólo dos semanas después, el 9 de julio del 2015, los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, junto con el SASM firmaron un acuerdo con Odebrecht Ambiental para constituir la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, conocida como MAS. Es decir, autoridades locales, junto con un organismo desconcentrado del gobierno estatal –en ese momento encabezado por Duarte– y Odebrecht, se convirtieron en socios. Grupo Ambiental Odebrecht –fundado en Brasil– ha tenido en estos años un co-inversionista llamado Interagbar de México, filial de la española Aguas de Barcelona. Pero los nombres de estos consorcios no están a simple vista. Ambos conformaron la firma Grupo Ambiental Pro Veracruz, y bajo ese nombre, han aparecido como accionistas mayoritarios, según puede constatarse en registros públicos. El 17 de julio del año 2015 estos socios decidieron formalizar su participación en el MAS ante la Notaría Pública 14, ubicada en la capital veracruzana. En el acta anotaron que Grupo Ambientalista Pro Veracruz “aún estaba en trámite” ante el Registro Público de la Propiedad en la Ciudad de México por “lo reciente de su otorgamiento”. Pero la prisa no incluyó un trato igualitario. Odebrecht y Aguas de Barcelona tendrían el control accionario y, desde luego, también financiero. “(…) Toda vez que el actual déficit de operación impide al SASM y a los municipios realizar aportaciones económicas para cubrir su participación accionaria. El socio (las empresas) asumirá el pago de éstas”, se indicó en la página 6 del acta firmada por la notaria Georgina Fortis Cedillo. Cuando en diciembre de 2016, exejecutivos de Odebrecht confesaron ante una Corte federal en Nueva York, Estados Unidos, haber entregado sobornos en México por 10.5 millones de dólares, el alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil, dijo: “Aquí estoy ante prueba de balas (…) En el caso específico de la concesión de lo que es el agua, no hubo ningún acto de esa índole y te lo digo yo”.