Reos de NL ganan amparos para tener seguridad y servicios médicos

miércoles, 19 de abril de 2017
MONTERREY, NL (apro).- Luego de los disturbios que ocurrieron recientemente en el penal de Cadereyta, un grupo de 14 reclusos promovió amparos provisionales para que las autoridades penitenciarias les proporcionen seguridad y atención médica. El trámite, gestionado a través del organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), busca proporcionar protección temporal a 13 internos de la cárcel de Cadereyta y a uno del penal de Topo Chico, debido a que el Estado no les estaba proporcionando los derechos que tuvieron que demandar ante el juez federal. De esta forma, obligados por el mandato del juzgado de distrito, algunos de los beneficiados con el amparo están ahora aislados, en áreas donde se encuentran en una situación de mayor seguridad y donde obtienen atención de ley. Óscar González Garza, abogado del área jurídica de Cadhac, señaló que los familiares de los promoventes tuvieron que recurrir a esta instancia, debido a que en las penitenciarías los internos corrían riesgos, no les proporcionaban servicios de salud y en ocasiones hasta los privaban de la comida. En la jornada de violencia que hubo en el penal de Cadereyta entre los días 27 y 28 de marzo, cuatro reos resultaron muertos y más de 20 heridos, junto con algunos custodios, lo que ocasionó que, posteriormente, algunos de los internos fueran privados de comida y medicinas. El encargado del área penitenciaria del organismo ciudadano recordó que luego de los motines de esos días, algunos familiares de internos notificaron a Cadhac que hubo algunos traslados de Cadereyta a Apodaca, y que algunos de los presidiarios afectados no habían sido debidamente atendidos de sus lesiones. “A consecuencia de los eventos de Cadereyta salieron muchas personas lesionadas, varias de gravedad. Los internos fueron enviados al Hospital Universitario para su valoración médica. Luego a muchos los regresan a Cadereyta y a otros los enviaron a Apodaca. Los familiares se acercan a nosotros y nos dicen que sus familiares estaban lesionados sin atención médica adecuada”, relató González Garza. Para proteger a los afectados, Cadhac optó por la vía del amparo, para lo cual fue necesario que, primero, los familiares enviaran a la Comisaría de la Administración penitenciaria de la entidad escritos en los que expresaban temor por la seguridad de sus reos, y en los que pedían que se les proporcionara atención médica adecuada, pues algunos todavía tenían secuelas de las lesiones que sufrieron en el motín. Como no obtuvieron respuesta, acudieron al juzgado de distrito para que no fueran violados los derechos de los internos, situación en la que incurren las autoridades carcelarias al abstenerse de garantizar la seguridad de los presos, dijo el abogado. “Hay que recordar que las afectaciones después de esos eventos son traumas. Los que están privados de la libertad pierden la capacidad del sueño y de razonar y actuar tranquilamente. Hay una alteración muy fuerte. Se requiere intervención sicológica. A fin de cuentas son víctimas también, de lesiones. “Por eso optamos por la herramienta del amparo, pues le dijimos al juez que ya fuimos con las autoridades del estado y no son capaces de garantizar que los familiares no estarán bien ni que les darán atención médica inmediata. Ahí se violan artículos de la Constitución, derechos de las personas”, argumentó. Uno de los reos amparados, el que estaba en el Topo Chico, fue trasladado a Oaxaca, con lo que las autoridades penitenciarias se desembarazaron del problema, pues al ser removido de penal, es necesario tramitar otro recurso ante otro juez, explicó el abogado activista. Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Cadhac, reconoció que este amparo es inusual pues, por ordenamiento legal, los encargados de los penales deben garantizar los derechos a la seguridad, salud y alimentación de los reos, aunque está demostrado que los directores no siempre cumplen con estas disposiciones. “El juez es la máxima autoridad en la sociedad civil y, al dictar una decisión, la hace obligatoria para la autoridad civil. Ya no puede alegar que no se percató de algo. El que recibe la orden la tiene que acatar. El amparo es el único instrumento que el ciudadano tiene ante el abuso de la autoridad. Cuando se recurre a esto es porque no vemos ninguna condición para proteger a los internos”, puntualizó. mav