LEÓN, Gto. (apro).- Los organismos empresariales y ciudadanos, agrupados en la Mesa de Seguridad y Justicia de León, hicieron un duro reclamo al gobernador Miguel Márquez por su decisión de utilizar los recursos del fideicomiso acordado para fortalecer a la policía local en la construcción de una Base de la Policía Militar que se edificará en Irapuato. Este fideicomiso fue acordado con empresarios y los alcaldes de León, Irapuato y Celaya, todos de extracción panista, con Márquez Márquez, a partir del recrudecimiento de la inseguridad en estos y otros municipios del corredor industrial del estado, particularmente delitos de alto impacto como los homicidios dolosos. “En las condiciones actuales estamos dejando a nuestro policía a merced de la delincuencia” con la decisión anunciada por el gobernador, advirtieron los integrantes de la Mesa, entre los que figuran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex y Observatorio Ciudadano de León. Aunque reconocieron que el nuevo cuartel militar acordado entre Márquez y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, “es una gran oportunidad y un activo”, difícilmente resolverá los problemas específicos –en este caso de León-- en materia de seguridad. Ello no ocurrirá en tanto no se desarrollen la coordinación entre policías municipales y corporaciones, las áreas de inteligencia y la prevención social del delito, señalaron al mostrar también su sorpresa “de que el presidente municipal esté renunciando a esta gran oportunidad”, en referencia al alcalde Héctor López Santillana. Según lo ofrecido, el gobierno estatal aportaría 50 millones de pesos para el fideicomiso en León, 20 millones para el de Celaya y 30 millones para el de Irapuato (100 millones en total), con una aportación de las arcas municipales y de la iniciativa privada. Sin embargo, este jueves 27 en una gira por Celaya, sorpresivamente Márquez dijo que estos 100 millones se reorientarán a la Base de la Policía Militar, en la que se prevé la presencia y operación de 3 mil 200 elementos que actuarán en todo el territorio estatal, aunque enfáticamente en los municipios del corredor que ha presentado un alza en ejecuciones. “Yo he sido muy claro, hoy tenemos la gran oportunidad tener una brigada, ya ni siquiera es un cuartel para 700, 800 efectivos, nos han autorizado, ya tenemos firmado el convenio, ya está integrado el fideicomiso, ya tiene recursos el fideicomiso, los militares son prácticos, vendrán 3 mil 200 policías militares capacitados… esta es una realidad, yo lo que les he dicho es que ahorita es prioridad asignar recursos a este proyecto. Ahorita voy a redireccionar esos recursos, porque lo que urge es la construcción” de la base, señaló textualmente el mandatario panista en Celaya. Según Márquez, el recurso asignado al denominado Fideicomiso Estatal de Seguridad no iba etiquetado únicamente para capacitación de las policías municipales, sino que podía ser también “para construcción o para diferentes actividades”, y luego precisó que este fideicomiso podría continuar “pero quiero ver primero el peso de los empresarios y el peso de los municipios”. “A nosotros nos interesa la seguridad del estado; con militares, con policías estatales, municipales, con la participación de los ciudadanos… mientras los policías se capacitan, (los municipios) contratan más personal, tenemos que ayudarles”, en este caso, insistió, con los efectivos militares. Para la base militar se habló inicialmente de una inversión de 300 millones de pesos, aunque ésta rebasará los 400 millones si se basa en el modelo de Apodaca, en Nuevo León, a donde viajaron la semana pasada el gobernador, los alcaldes de los tres municipios, diputados y un grupo de empresarios, entre ellos integrantes de la propia Mesa Ciudadana, como Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano, y Jorge Ramírez Hernández, de la Coparmex. Sin embargo, para los grupos civiles y empresariales que participan en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia en León, “nuestras autoridades no están respetando los acuerdos sobre los recursos destinados al Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad de León, que originalmente iban destinados a proyectos estratégicos con resultados a mediano y largo plazo para la Policía Municipal. Igual mencionaron que lo acordado era fortalecer el desarrollo, condiciones de vida y salarios de los preventivos, así como las áreas de la corporación, y calificaron como un “regateo” de recursos la postura del gobernador. “Sentimos que el gobernador y el alcalde de nuestra ciudad no están valorando una participación ciudadana decidida y comprometida, con el único interés de coadyuvar a la solución del grave problema de inseguridad y violencia que estamos sufriendo… no pueden nuestras autoridades condicionar esta importante posibilidad a la necesaria aportación económica del ciudadano y del empresario, porque los recursos públicos son de todos y porque es función primaria de los gobiernos proveer seguridad y gobernabilidad”, puntualizaron los integrantes de la Mesa Ciudadana.