Familiares de desaparecidos exigen exhumar cuerpos de fosa en Acapulco

miércoles, 5 de abril de 2017
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Familiares de personas desaparecidas exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores la exhumación de todos los cuerpos que autoridades ministeriales han depositado desde hace siete años en una fosa común ubicada en el panteón municipal de El Palmar en Acapulco, “sin control alguno y violando” el protocolo para el tratamiento e identificación forense. Las víctimas que integran el colectivo denominado Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos, reprocharon el “silencio cómplice” del mandatario, quien ha evitado hablar sobre este caso similar a las fosas de Jojutla en el estado de Morelos pero que fue documentado por Apro en el principal destino turístico de Guerrero. “A ninguna autoridad le interesa abrir la fosa de Acapulco porque no quieren afectar la imagen turística del puerto y se niegan a darle respuesta a las familias que buscan a sus desaparecidos”, expresó el profesor Ciro Fuentes Urióstegui, padre de un joven docente desaparecido desde 2013. Entrevistado este miércoles 5, Fuentes Urióstegui dio a conocer que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) se niegan a intervenir en el caso de la fosa común de Acapulco, argumentando que los únicos tres peritos certificados que tienen se encuentran realizando labores en las fosas de Jojutla. Mientras que el fiscal estatal Xavier Olea Peláez y el gobernador Astudillo no han mostrado voluntad por abrir la fosa común de Acapulco para saber cuántos cuerpos fueron inhumados de forma irregular, es decir, sin cadena de custodia, sin perfil genético, en bolsas de plástico, amontonados y cubiertos con tierra, reprochó la víctima. También señaló que la mayoría del personal que labora en la Dirección de Servicios Periciales –que depende de la Fiscalía estatal y encabeza Pedro Ocampo Lara sin tener cédula profesional– no está certificada, situación que fue calificada como grave. Este lunes, Apro difundió el texto “La pérdida de un cadáver en fosa de Acapulco exhibe violación a normas del tratamiento forense”, donde se indica: La batalla legal de un padre que busca a su hijo desaparecido hace cuatro años, exhibió el primer caso documentado sobre la pérdida de un cadáver que oficialmente se encontraba en una fosa común ubicada en Acapulco, donde el gobierno estatal ha inhumado desde 2010 y de manera inadecuada –sin cadena de custodia, apilados y cubiertos con tierra– un número indeterminado de restos humanos que permanecen sin identificar en el principal destino turístico de la entidad. Este hecho refleja la indiferencia del gobierno del priista Héctor Astudillo Flores frente al drama de cientos de familias en la entidad y las deficiencias en la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Servicio Médico Forense (Semefo), que depende de la Secretaría de Salud estatal (Ssa), donde los trabajadores carecen de equipo, material, capacitación y personal especializado para garantizar el derecho de las víctimas a buscar a sus desaparecidos en fosas clandestinas. “El cementerio de botellas” Incluso, desde el año pasado Apro ha documentado los negocios al amparo del poder del gobernador Astudillo, quien benefició a su compadre y actual dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, con recursos económicos destinados para darle trato digno a los cuerpos que han sido exhumados en fosas comunes y permanecen sin identificar. En septiembre pasado, funcionarios del gobierno de Astudillo anunciaron la creación del primer Panteón Forense Estatal, conocido ahora como “El cementerio de botellas”, que fue construido en medio de la opacidad en un panteón particular propiedad de Huicochea Vázquez, al poniente de esta capital. A principios de este año, las autoridades proyectaron depositar en “El cementerio de botellas, al menos 460 cuerpos que permanecen sin identificar en las unidades del Semefo de Iguala, Chilpancingo y Acapulco. Por ello, ahora el colectivo Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos no sólo está planteando al gobierno estatal que abra la fosa común de Acapulco, sino también que se construya un panteón forense en el puerto para que todos los cuerpos exhumados tengan individualidad y se cumpla con el protocolo de tratamiento forense que ha sido violado por las autoridades ministeriales. Fuentes Urióstegui informó que el colectivo tiene un registro de 50 personas desaparecidas en Acapulco, pero estimó que la cifra puede rebasar las 300 víctimas, ya que los familiares por miedo se niegan a denunciar los casos. El profesor reiteró que seguirán exigiendo públicamente que el gobierno de Astudillo asuma su responsabilidad frente el drama de los desaparecidos y ordene abrir la fosa común de Acapulco, con el propósito de dignificar a las víctimas de esta ola de violencia, impunidad y corrupción que se vive en Guerrero.

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