MÉRIDA, Yuc. (apro).- Con la promesa de un pago de 60 mil pesos, 30 mil para cada uno, Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla dieron muerte a Ema Gabriela Molina Canto y dejaron en la orfandad a sus tres menores hijos. Fallido el plan, los aparentemente nóveles sicarios sólo alcanzaron a cobrar 5 mil pesos de anticipo de quien los reclutó, pues pactaron que el resto lo recibirían al consumar el “trabajo”. Lo anterior fue revelado por la Fiscalía la noche del lunes 3, durante la audiencia judicial en la que ambos quedaron vinculados a proceso penal por los delitos de homicidio calificado agravado por premeditación, alevosía y ventaja; posesión simple de cocaína, y posesión de arma de fuego y objetos prohibidos. De acuerdo con esa versión, que obra en un acta de entrevista a Mézquita Ávalos, de 25 años, en el asesinato de Ema Gabriela –que la Fiscalía no logró encuadrar ante el juez como feminicidio– habría por lo menos otros dos implicados en Mérida, además de la persona que los contrató en Tabasco. Sus identidades se desconocen. Según la declaración ministerial de Mézquita, fue López Tobilla, de 19 años, quien le ofreció en Tabasco, de donde los dos son originarios, “ganarse un dinero” colaborando con él en un “trabajo” que un conocido suyo le había encargado, el cual consistía en “meterle un susto” a una mujer en Mérida, con la aclaración de que no debían dañar a sus niños, pues de hacerlo a ellos los matarían. López Tobilla hizo la propuesta a Mézquita el sábado 25 de marzo en Villahermosa. Ese mismo día recibieron el anticipo y se trasladaron a Mérida, a donde llegaron a las nueve de la mañana del día siguiente, la víspera del crimen, para la logística. En Mérida se alojaron en el hotel Dolores Alba, en el centro de la ciudad. Los dos presuntos homicidas nunca estuvieron en el hotel Ambassador, como señaló Mézquita en su cuenta de Facebook, donde dos horas antes del asesinato transmitió en vivo un video desde la piscina de un hotel para presumir a sus contactos la glamorosa vida que él y su cómplice se estaban dando en Mérida, y los planes que tenían para viajar a la Ciudad de México y Monterrey. Cuatro horas después de su llegada a Mérida, López Tobilla recibió en su celular el mensaje de su contacto con la instrucción de abordar un vehículo que ya los esperaba a las puertas del hotel para trasladarlos al fraccionamiento San Luis, donde se les señaló a la víctima y su domicilio. La mañana del lunes 27, en una maniobra similar a la del día anterior, pero con la orden de que no vieran al conductor del vehículo que los trasladó, regresaron al fraccionamiento San Luis para perpetrar el crimen. No obstante, debido al tránsito y el flujo de personas que había en ese momento, lo postergaron para esa tarde. Para pasar el tiempo regresaron al hotel, donde grabaron su video. Luego del asesinato, los sicarios abandonaron corriendo la escena y posteriormente abordaron un taxi, donde recibieron una llamada “del patrón” a quien informaron: “Misión cumplida”, “todo salió bien”, y le aclararon que los niños se encontraban en el sitio pero “no fueron dañados”. No obstante, su plan falló pues fueron grabados por cámaras de vigilancia, vistos por testigos y detenidos poco después en las inmediaciones de la terminal de autobuses. Ligia Canto Lugo, madre de Ema Gabriela, ha señalado como el autor intelectual del asesinato de su hija al exesposo de ésta, Martín Alberto Medina Sonda, socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, extesorero con el mandatario tabasqueño Andrés Granier Melo. Implicado en el caso Granier, Medina Sonda está preso en un penal tabasqueño acusado de lavado de dinero. Hoy, en un comunicado, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), lanzó un llamado al gobierno de Yucatán para “abrir la interlocución con Ligia Canto y las organizaciones civiles que la acompañan para la revisión de las medidas de protección, de tal forma que sean verdaderamente garantes de la vida e integridad” de la mujer. Y en especial a la Fiscalía General del Estado (FGE) le solicitan “instrumentar medidas de protección efectivas, permanentes y con enfoque de género para la defensora de derechos humanos Ligia Canto y para sus hijos y nietos”. También para “investigar como feminicidio y con la debida diligencia el asesinato de Emma Gabriela, vinculando a Alberto Medina como el autor intelectual”. El organismo además pide “que el Poder Judicial otorgue a Ligia Canto la custodia definitiva de las hijas y el hijo de Ema Gabriela” y que “se investigue y sancione a los funcionarios que fueron omisos ante el inminente riesgo que enfrentaba Ema Canto y su familia”.