TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Organizaciones sociales campesinas, culturales y de defensores de derechos humanos denunciaron que más de 164 mil hectáreas están en riesgo en la región Norte-Zoque de Chiapas por la amenaza de las concesiones de pozos para la extracción de hidrocarburos, así como a empresas mineras. En conferencia de prensa, integrantes de la Comisión de Prensa y Propaganda de la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales, el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas (MOPOR), el Centro de Lengua y Cultura Zoque A.C (CELALI) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunciaron que, tras la embestida del gobierno federal con la reforma energética, en la región colindante de Chiapas con Tabasco y Veracruz se desató un proceso de despojo de la tierra y el territorio. Desde su aprobación en el 2013, dijeron, es legal que en el tema de hidrocarburos empresas privadas nacionales e internacionales participen en los diferentes procesos de la industria, por lo que han ocurrido diversas situaciones con las rondas otorgadas por la Secretaría de Energía del gobierno federal (Sener). Mencionaron dos: En la Ronda 1.3, el bloque “Catedral” fue concesionado al grupo Diavaz, propiedad de Pedro Aspe, secretario de Hacienda con Carlos Salina de Gortari y fuerte impulsor de la reforma energética con la que se ha beneficiado pues ahora puede adquirir bloques de extracción. En diciembre de 2015 se concesionaron cinco campos petroleros pertenecientes al quinto campo en los municipios Reforma, Juárez, Pichucalco, Ixtapangajoya y Solosuchiapa. Tres de éstos fueron asignados a una empresa canadiense, uno a una mexicana que es sucursal de otra canadiense y el tercero, a una compañía nacional. Para agosto del 2016, la Sener dio a conocer el proceso de licitación de la Ronda 2.2 para concesionar pozos de extracción de hidrocarburos en los estados costeros del Golfo de México. Compuesta de 12 bloques, dos tienen impacto en Chiapas. Según los manifestantes, el bloque 10 afectaría 42 mil 600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacan, de donde se obtendría aceite superligero y gas húmedo. Por otra parte, el bloque 11 afectaría 41 mil 900 hectáreas de los municipios de Chapultenango, Ixtacomitan, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco) para obtener aceite ligero y superligero. En total, alertaron, están en riesgo por despojo y contaminación ambiental 84 mil 500 hectáreas de territorio zoque. A esta situación se suman las más de 80 mil hectáreas de tierras amenazadas por las 11 concesiones mineras en la misma región. De acuerdo con los denunciantes, la superficie afectada en cada municipio influye en la demografía, el desarrollo de los pueblos indígenas y el equilibrio ambiental del territorio. “Proyectos de muerte” En septiembre de 2016 se realizaron asambleas “informativas” en Tecpatan, Francisco León, Pichucalco e Ixtacomitan con autoridades comunitarias, presidentes municipales y la Sener. Sin embargo, sólo se han realizado en cuatro de los nueve municipios involucrados de Chiapas, según la dependencia federal. Además, según la Secretaría, se agendaron posteriores visitas a las comunidades de Francisco León y Tecpatan para dar continuidad, pero hasta ahora no se han hecho. Para el caso de Ixtacomitan, sólo la comunidad de La Candelaria Segunda Sección está de acuerdo para participar en el procedimiento de consulta a comunidades indígenas en relación al área contractual 11. Juan Guerrero Hernández del MOPOR y Fermín Ledesma Domínguez señalaron que estos acontecimientos violentan el protocolo de consulta que se debe establecer para proyectos de estas características, tal como está asentado en la misma Ley de Hidrocarburos y en normas internacionales. Los manifestantes mencionaron otra irregularidad: los interesados no presentaron antes de la licitación la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pese a que los proyectos de extracción de hidrocarburos requieren el cambio de uso de suelo del territorio en el que se instalarían. Así, alertaron que las 84 mil 500 hectáreas en riesgo dejarían de ocuparse en actividades agropecuarias que sustentan a los pueblos zoques y beneficiarían a las empresas extractivas y dejarían un “paisaje desolador; por eso los denominamos Proyectos de Muerte”. Según los inconformes, al salir la Ronda 2.2, las comunidades en riesgo establecieron un proceso de organización y articulación frente al posible despojo del territorio de los gobiernos federal, estatal y municipales zoques. “Los megaproyectos extractivos representan muerte, por eso las comunidades anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, pero también para defender su derecho a la autodeterminación, por lo que mediante movilizaciones, mítines, foros, conferencias de prensa, asambleas comunitarias y municipales, se ha determinado dar voz a los pueblos zoques porque son más las afectaciones que los beneficios de los proyectos de extracción de hidrocarburos”, dijo Guerrero Hernández. Los riesgos son: desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, agua y aire, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública, dijeron. El defensor expuso que en el municipio de Chapultenango se han levantado cerca de dos mil firmas en 22 actas de asamblea de comunidades opuestas a la extracción de hidrocarburos en su territorio. Acciones similares se han hecho en Francisco León y sus siete ejidos, así como en Tecpatan e Ixtacomitan. Agregó que las actas ya fueron entregadas a instancias federales y legislativas para den cumplimiento a sus exigencias. Defienden territorio zoque En la conferencia de prensa, los inconformes pidieron respeto a la “autoconsulta” entre las comunidades indígenas de los Pueblos Zoques. Rechazaron otorgar el permiso para el proceso de licitación y la concesión de los pozos de extracción de hidrocarburos del bloque 10 y 11. Además, emitieron una declaración de los pueblos zoques como “territorios libres de proyectos extractivos, que atentan contra los recursos naturales, como los hidrocarburos, minería, presas hidroeléctricas, centrales geotérmicas”. Los denunciantes manifestaron que para la defensa del territorio zoque harán las denuncias correspondientes ante los tribunales por la omisión de la presentación de la MIA y las faltas cometidas en el proceso de información y consulta. Al respecto, denunciaron actos de intimidación contra los defensores del territorio zoque, en particular, de la activista Silvia Juárez Juárez, detenida el pasado 21 de febrero y recluida en El Amate por los delitos fabricados de secuestro, daños y motín. Luego de 35 días recluida, fue liberada el pasado 28 de marzo, pues la Procuraduría General de Justicia del Estado se desistió. No obstante, dijeron que los derechos de la defensora siguen siendo violentados por las restricciones jurídicas y políticas que le impusieron como no regresar a su lugar de residencia y tener que firmar cada 15 días. Por si fuera poco, el alcalde de Tecpatan, Armando Pastrana Jiménez, emprendió una campaña para exigir a las autoridades de procuración de justicia su reaprehensión. Los inconformes demandaron la libertad incondicional de Silvia Juárez Juárez, la cancelación de las órdenes de aprehensión contra los defensores del territorio zoque y la aplicación de medidas cautelares para garantizar su integridad física.