CAMPECHE, Camp. (apro).- Comunidades apícolas mayas y organizaciones civiles exigieron la destitución del director general de Senasica, Enrique Sánchez Cruz, así como de Hugo Fragoso Sánchez, titular de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera de esa dependencia, por “discriminación, negligencia y falta de ética”. Los inconformes argumentaron que la negligencia de los directivos “incentiva que la siembra ilegal de soya transgénica continúe en la entidad en franca violación a la suspensión temporal” ordenada por la Suprema Corte, en el sentido de que se efectúe el proceso de consulta que previamente debió hacerse a las comunidades que serían afectadas con este tipo de cultivo. Las comunidades y las ONG acusaron que Senasica ha incumplido con el mandato judicial y acuerdos pactados para la consulta. Igual destacaron que ante una actitud pasiva de la Cibiogem y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), los directivos de Senasica, sin explicación alguna, dejaron plantadas a las comunidades mayas del municipio de Hopelchén en la reunión que se tenía programada el sábado anterior. Por ello urgieron al Poder Judicial de la Federación a tomar las medidas de apremio para garantizar la ejecución de la sentencia de la SCJN, así como las recomendaciones de la CNDH en torno a la suspensión de la siembra de soya transgénica y la consulta previa a los pueblos indígenas para la introducción de ese tipo de semillas a sus comunidades. Más aún, organizaciones civiles como MaOGM e Indignación, así como el Consejo Maya de Los Chenes, acusaron a la Senasica de sabotear el proceso de consulta indígena. También recordaron que el año pasado la Senasica realizó un proceso de monitoreo, inspección y vigilancia de la posible siembra de soya transgénica en Hopelchén, cuyo permiso fue suspendido por la Suprema Corte a finales de 2015. “La falta de diligencia, oportunidad y profesionalismo mostrado por Senasica durante este proceso de monitoreo generó un clima de desconfianza entre las comunidades mayas que participan en la consulta indígena”, recalcaron. Enseguida añadieron que la información que rindió la Senasica “a las comunidades fue incompleta y tardía y las sanciones correspondientes a los delitos identificados no han sido hasta la fecha definidas ni aplicadas”. Asimismo, señalaron que tales “deficiencias provocaron que las personas que de manera ilegal sembraron soya transgénica permanezcan en la impunidad, y que incluso pudieran comercializar su producto con autorización de dicha institución y la Secretaría de Salud”. Luego argumentaron que esta situación llevó a que en las sesiones de la consulta indígena realizadas el 25 de marzo y 29 de abril pasado se acordara con Senasica que las comunidades mayas involucradas participarían en el proceso de monitoreo, inspección y vigilancia de la posible siembra ilegal de soya transgénica durante el 2017. “Sin embargo, y a pesar de que se había acordado revisar el día 13 de mayo la propuesta de trabajo entregada por las comunidades, Senasica no se presentó a dicha reunión”, denunciaron. También expusieron que durante la sesión acordada para el 13 de mayo, Marco Antonio Ramírez, funcionario de Cibiogem, dio lectura a un oficio emitido Fragoso Sánchez, en el que comunicaba, sin mayor detalle, que esa unidad administrativa no estaba “en posibilidad de atender la reunión”. Igual señalaron que el directivo notificó a PGR y Profepa que no acudiría al encuentro. “PGR no contestó y la Profepa dijo que no iba a venir, que ya lo habían analizado en la sesión y que ellos no tenían competencia y que no iban a participar”, revelaron los inconformes. La abogada de los quejosos, Nayeli Ramírez, mencionó que mediante acuerdo del 10 de abril pasado el Juzgado Segundo de Distrito requirió a Senasica, Sagarpa, Semarnat y otras autoridades a que acudan a las sesiones de consulta indígena a través de sus representantes con facultades para llegar a decisiones. “Esto en principio representa una falta de respeto y una muestra de discriminación hacia el pueblo maya de Hopelchén, y además implica la violación a los principios elementales de la consulta, como son buena fe, la participación y el derecho a tener información”, reprochó.