TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Activistas de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, conformada por una red de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos en la entidad, denunciaron el desinterés del gobierno de Manuel Velasco Coello quien “no ha cumplido” la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG) emitida hace varios meses por la Secretaría de Gobernación. En conferencia de prensa, Cristina González Serna de la Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antzetic, Martha Figuero Mier del Grupo de Mujeres de San Cristóbal, Mercedes Olivera Bustamante del Centro de Derechos de la Mujer y Marcos Arana de la Defensoría del Derecho a la Salud, dijeron que el jueves 18 y viernes 19 de mayo una representación de la Campaña asistió a la tercera reunión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), realizada en Tuxtla Gutiérrez, en seguimiento a la Declaratoria de AVG contra las mujeres en el estado. En ese lapso sostuvieron tres mesas de trabajo: la de coordinación e implementación de la Alerta en localidades declaradas y con algunos alcaldes presentes; la de salud con funcionarios de la Secretaría del ramo; y la de justicia a la que acudieron representantes de las fiscalías de distrito y especializadas para Chiapas. Las reuniones estuvieron coordinadas por María de los Ángeles Aguilar en representación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y Pedro Villafuerte, subsecretario de Operación Política de la Secretaría General de Gobierno. Las activistas aseguraron que existen observaciones urgentes de atender, pues el incremento de la violencia contra las mujeres y el feminicidio en distintas regiones de la entidad indica la falta de capacidad de las instituciones estatales para atender la Alerta. Agregaron que funcionarios estatales y municipales desconocen la situación real y especifica de la violencia hacia niñas y mujeres en la entidad o bien, apenas comienzan a buscar información sobre los ordenamientos de la Declaratoria. Las denunciantes destacaron la falta de un plan de trabajo integral que incluya herramientas, método, capacidad, presupuesto, seguimiento y evaluación para implementar los lineamientos de la AVG en municipios indígenas, con población migrante, personas con capacidades diferentes y de la diversidad sexual. Los vacíos Además, señalaron que al gobierno de Manuel Velasco le falta capacidad para convocar a las autoridades implicadas y tiene “vacíos y debilidad” en la coordinación estatal por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Incluso, acusaron incumplimiento y negligencia gubernamental al no contar con el Programa Único de Capacitación, como base de entendimiento común, para que las distintas dependencias del estado y los ayuntamientos implementen los talleres, cursos y reuniones con servidores públicos. Las declarantes se dijeron preocupadas porque el gobierno estatal delegue la implementación de la AVG en la Fiscalía pues confía tal nivel de responsabilidad en servidores públicos “sin capacidad en la toma de decisiones, la coordinación política y operativa de las acciones sustantivas para resolver de manera urgente y eficiente las medidas de la Alerta”. Y agregaron: “En el orden de carácter federal externamos nuestro extrañamiento a la Conavim por aceptar y gestionar reuniones paralelas con funcionarios del gobierno estatal para promover ‘acuerdos’ fuera del espacio formal del GIM”. Asimismo, señalaron la falta de coordinación, comunicación y convocatoria a reuniones formales del gobierno estatal con la organización peticionaria reconocida de manera legal en la Declaratoria federal. Según su exposición, existe un “nulo avance y retrocesos” en la implementación de la AVG. Y mencionaron como ejemplo la falta de convocatoria e interés de los alcaldes municipales, pues de 23 presidentes citados llegaron sólo 11 funcionarios y un enlace en representación por Tuxtla Gutiérrez. Las inconformes acusaron que a más de seis meses de la Declaratoria de AVG para Chiapas no está en marcha ni siquiera la primera etapa informativa para conocer qué es la Alerta. Además, la oficina de Comunicación Social del gobierno estatal no ha atendido las observaciones hechas por las peticionarias. De igual forma, denunciaron la falta de rendición de cuentas y de transparencia, frente a los “gastos excesivos en publicidad oficial” en la imagen del gobernador Manuel Velasco.