PUEBLA, Pue. (apro).- Dulce María Silva, pareja sentimental del vocero de Morena, César Yáñez, obtuvo su libertad luego de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal ratificó a su favor el amparo que había obtenido en febrero. Tras un año y dos meses de estar recluida en el penal de San Miguel, acusada de recibir en cesión un terreno propiedad de Edmundo Tiro Moranchel, quien es procesado por defraudar a cientos de ahorradores poblanos, Silva Hernández ganó en definitiva el juicio 399/2016, según informó el abogado Carlos Meza Viveros. Detenida el 10 de marzo de 2016, la pareja sentimental del vocero de Morena había sido señalada como “presa política” por el Centro de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos José Luis Tehuatle. El pasado 8 de marzo, Dulce María Silva se declaró en huelga de hambre para exigir que se revisara su caso y denunciar las “condiciones infrahumanas” que privan en el área femenil del penal de San Miguel. En esa ocasión aseguró que su encarcelamiento se debía al interés del ahora exgobernador Rafael Moreno Valle por quedarse con un terreno de 6 mil metros cuadrados que se encuentra entre la mega rueda de observación, conocida como la Estrella de Puebla, y el exclusivo centro comercial Angelópolis. Igual denunció que, a través de distintos emisarios, habían intentado obligarla a ceder los derechos del terreno a un fideicomiso y que incluso le habían ofrecido entre 10 y 30 millones de pesos y su libertad inmediata, si accedía a la petición del gobierno panista. No obstante, la mujer afirmó que el costo del terreno es muy superior a lo que pretendían pagarle, pues en esa zona el precio por metro cuadrado se cotiza en dólares. También Silva Hernández acusó que su aprehensión tenía tintes políticos por su relación con Yáñez, allegado a Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena y con quien Moreno Valle ha tenido contantes enfrentamientos. La también empresaria ganó un amparo en febrero de este año, pero el gobierno de Puebla interpuso un recurso de revisión, que finalmente se resolvió a su favor. De acuerdo con su abogado, el gobierno nunca pudo probar que el terreno en disputa se haya adquirido con recursos ilícitos, pero además se pretendió imputar a Silva un delito que fue tipificado en 2012, cuando la operación de cesión del predio se llevó a cabo en 2009.