GUANAJUATO, Gto. (apro).- La organización Artículo 19 apremió al Congreso local a frenar la aprobación de un dictamen de ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuyo contenidos, lejos de proteger la labor periodística, “la sujeta a una serie de criterios y condiciones que incrementan su vulnerabilidad” pues incluye disposiciones restrictivas y desproporcionadas para el ejercicio de la libertad de expresión, advirtió la organización. El dictamen fue aprobado este martes y sería presentado para la votación en la sesión del pleno del jueves 25. “Para Artículo 19 resulta sumamente preocupante que, en aras de atender la coyuntura actual de posicionamientos por parte de diversos actores gubernamentales sobre las agresiones a periodistas, se pretenda aprobar este tipo de leyes sin tener el mínimo cuidado sobre las implicaciones y efectos negativos que pueda tener sobre la libertad de expresión”, señaló la organización en un pronunciamiento difundido este miércoles. Por ello, pidió que el Congreso del estado no apruebe un dictamen “de manera presurosa y sin una discusión amplia, transparente y robusta”. La discusión del tema inició desde la anterior Legislatura con una iniciativa presentada por la exdiputada del PRD Guadalupe Torres Rea, que en realidad era una copia de la Ley del mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A pesar de varias mesas de trabajo en las que se integraron periodistas, académicos y activistas, la ley no prosperó. La actual Legislatura acordó archivar esa iniciativa y trabajar en una nueva, que en realidad fueron dos: una presentada por el PRI y otra en conjunto por la mayoría panista y el PRD, denominada “Ley del ejercicio informativo y protección”. Sobre estas iniciativas se realizaron foros de consulta, pero la Comisión de derechos humanos y atención a grupos vulnerables del Congreso desoyó durante estos meses la petición reiterada de periodistas y activistas sobre los parámetros mínimos para la ley y las solicitudes para trabajar en conjunto en una mesa. Fue hasta el jueves 19 cuando diputados del PAN y del PRD convocaron a algunos periodistas a presentar sus propuestas, aunque dejaron en claro desde el inicio de la reunión que ello no obligaba a incorporarlas al dictamen. En la revisión de la iniciativa, Artículo 19 encontró que no refleja una visión integral sobre toda la problemática subsistente para la protección a periodistas, pues prevalece la tipificación de los delitos de calumnia y difamación, aunque en este sentido ya hay una iniciativa presentada por la diputada del PAN Libia García para desaparecer estos tipos penales, misma que fue planteada hace un par de semanas. "Al igual que a nivel federal y el resto de las 31 entidades federativas, en el estado de Guanajuato resulta urgente regular la asignación de la pauta de publicidad oficial”, bajo los principios establecidos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al reconocerse que la publicidad oficial configura un mecanismo de censura indirecta a los medios de comunicación. En su análisis técnico, Artículo 19 cuestiona las definiciones contenidas en el dictamen sobre periodista y colaborador periodístico, así como un capítulo denominado “Deberes de periodistas y colaboradores periodísticos” por contener criterios ambiguos y restrictivos que no son acordes a los estándares internacionales y abren espacios a una aplicación discrecional y arbitraria “y en consecuencia, a restricciones ilegítimas y desproporcionadas a la libertad de expresión, coartando el libre flujo de información que se considere como “no verdadera”. Señala restricciones contenidas en el dictamen para el acceso a fuentes de información y acreditación de periodistas que también pueden aplicarse arbitrariamente por las autoridades. La ley confiere a un consejo la responsabilidad de evaluar riesgos, determinar medidas y echar a andar un mecanismo de protección ante riesgos de periodistas y defensores de derechos humanos, integrado mayoritariamente por funcionarios del gobierno estatal, y un secretario técnico que sería en realidad un Subsecretario de la Secretaría de Gobierno. Además, señala Artículo 19, no se incluyen factores de riesgo como las amenazas o agresiones digitales o el uso de demandas penales o de otro tipo contra los periodistas, y pone en duda el propósito de elaborar un Registro estatal de periodistas, colaboradores periodísticos y personas defensoras de derechos humanos, pues “puede abrir una fuente de arbitrariedades y no resulta claro el objeto para el que se constituya este registro y qué uso se le daría”, pues sólo se señala que sería una “herramienta de información” para la evaluación y planeación de las medidas.