CHILPANCINGO. Gro. (apro).- En una reunión privada, sin consultar a las víctimas y con la ausencia de reporteros, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció seis medidas para la protección de periodistas y garantizar el derecho de Libertad de expresión. Sin embargo, el mandatario evadió el tema de transparentar el gasto de publicidad oficial. El hecho refleja el nivel de opacidad que ha caracterizado la administración de Astudillo, quien de manera sistemática se ha negado a cumplir la Ley de Transparencia, que obliga a los sujetos obligados dar a conocer públicamente la manera como se ejercen los recursos públicos. Tampoco han esclarecido los asesinatos de los periodistas Francisco Pacheco Beltrán y Cecilio Pineda Brito, ocurridos en abril de 2016 y en marzo de este año, respectivamente, ni han hecho nada en el caso del robo que sufrieron siete reporteros que fueron interceptados en un retén instalado por un grupo de civiles armados en las inmediaciones del municipio de Acapetlahuaya hace 15 días. El cónclave se realizó ayer por la tarde en la residencia oficial Casa Guerrero, al oriente de esta capital, donde solo fueron convocados colaboradores del mandatario.

Conoce las acciones del Gobierno del Estado de Guerrero a favor de la libertad de expresión de periodistas y defensores de DDHH. pic.twitter.com/L72ICVDSG8

— Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) 24 de mayo de 2017

A través de sus redes sociales, Astudillo anunció la creación de una fiscalía especial para la atención a periodistas; así como la creación de una unidad de atención a periodistas; así como la capacitación sobre el mecanismo internacional de protección. También dijo que se analiza la elaboración de un catálogo de periodistas en riesgo y un mapa estatal de riesgo para defensores de derechos humanos y periodistas. Ninguna medida para evitar que se coarte el derecho de Libertad de Expresión contempla el hecho de hacer público el gasto y criterio de asignación de convenios de publicidad en empresas de medios de comunicación, ello a pesar de que esta partida millonaria se maneja en la opacidad y de manera discrecional. Esta práctica arraigada en la clase política de la entidad es considerada por organismos no gubernamentales, entre ellos Articulo 19, como un mecanismo de censura y cooptación de directivos y reporteros que viola la norma vigente en materia de rendición de cuentas y gobierno transparente. El mandatario simplemente se enfocó en decir que sus seis medidas se van a aplicar bajo la dirección de la Secretaría de Gobernación (Segob), en coordinación con la Secretaría de Gobierno estatal. Es decir, no se fijaron plazos concretos y tampoco se advierte la consulta de estas propuestas con los periodistas de la entidad, donde la violencia ejercida por grupos de poder delincuencial y político han provocado la censura en regiones completas, como el caso de la Tierra Caliente y la Costa Grande, donde la sociedad no tiene garantías para ejercer plenamente el derecho de libertad de expresión y la prensa se encuentra coartada y atemorizada.