TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) respondió hoy a las organizaciones civiles que cuestionan la indiferencia del gobierno estatal ante la Alerta por Violencia de Género (AVG), al asegurar que sí cuenta con un plan de trabajo integral y transversal puesto en marcha en los siete municipios donde fue decretada esta medida. A través de la coordinadora de las acciones para atender la Declaratoria de AVG en Chiapas, Adriana Rebollo Nucamendi, el gobierno estatal y la FGE salieron al paso de las declaraciones de las activistas de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas. La funcionaria, quien también es fiscal de Trata de Personas de la FGE, destacó el compromiso asumido por el gobernador Manuel Velasco Coello antes y después de la declaratoria emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob). “El Ejecutivo del estado instruyó la conformación de un equipo sólido de trabajo encabezado por la FGE y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, y en el que participan la Consejería Jurídica y las Secretarías de Gobierno, Educación, Salud, Empoderamiento de las Mujeres, DIF y Seguridad”, agregó. Si bien el trabajo es gradual y algunas acciones son intangibles a simple vista, agregó, todos los días se llevan a cabo trabajos de capacitación y sensibilización de servidores públicos que atienden la violencia de género, desde cualquiera de sus expresiones. Al referirse al número de feminicidios en la entidad, Rebollo Nucamendi negó que vayan en aumento. Subrayó que en lo que va de 2017 se han registrado 12 casos, por lo que se observa una disminución de 25% en comparación del 2016 cuando hubo 16, tan solo de enero a mayo. Detalló que el cambio consiste en que se cuenta con la coordinación de acciones de atención y canalización de las víctimas de violencia de género y se aplica un plan integral. En este sentido, la funcionaria dio a conocer que en cumplimiento a la AVG, los pasados 18 y 19 de mayo se desarrollaron mesas de trabajo con autoridades federales, estatales, municipales y las peticionarias de la alerta. Participaron Patricia Bedolla del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Martha Figueroa Mier y Rocío García del Colectivo de Mujeres; y Gloria Flores Ruiz, Dora Roblero y Víctor Hugo López del Centro de los Derechos de la Mujer. “Estas reuniones donde las organizaciones son escuchadas y sus planteamientos son atendidos de manera directa, son muestra clara del compromiso y la transparencia con la cual el Gobierno de Chiapas atiende la alerta; el objetivo es dar cabida a toda persona que pueda sumar sus ideas para garantizar a las mujeres su vida, su seguridad y su integridad”, atajó. Adriana Rebollo Nucamendi precisó que se implementan medidas específicas de prevención y combate a la violencia en toda la entidad, principalmente en los municipios de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. A ello se suma, dijo, la labor que se realiza en 16 municipios indígenas de la zona Altos para atender la violencia de género contra las mujeres. Las acciones, añadió, son de carácter emergente y se implementan en espacios territoriales específicos, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de las niñas y mujeres de Chiapas. El propósito: que no se cometan delitos en su contra. “Estamos canalizando nuestras baterías a la prevención del delito de la mano de la sociedad civil”. Según la funcionaria, Chiapas camina junto a la federación a través del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Nacional de las Mujeres, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. En noviembre de 2016, la Segob emitió la AVG para siete municipios de Chiapas, con el fin de fortalecer y crear nuevas medidas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Para ello, la federación decretó medidas puntuales divididas en tres ejes: Seguridad, Prevención y Reparación. La representante de la FGE sostuvo que las medidas van desde la creación y puesta en marcha de una campaña de difusión, rescate de espacios públicos, alumbrado, creación de aplicativos tecnológicos, programa único estatal de capacitación, reformas legislativas, alimentación de una base de datos, y la creación de la unidad de contexto y seguimiento de los 84 casos que dieron paso a la alerta. Por último, comentó que durante las mesas de trabajo las autoridades locales y los ayuntamientos involucrados rindieron un informe a las organizaciones peticionarias acerca de los avances obtenidos.