CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador priista Héctor Astudillo Flores cumplió su amenaza y ordenó el despido de 176 policías estatales que iniciaron un paro laboral para exigir respeto a sus derechos laborales y demandar garantías básicas para desempeñar su labor en esta entidad. En respuesta, los uniformados calificaron la acción del gobierno estatal como una medida arbitraria debido a que se violó su derecho de audiencia y ello representa un despido injustificado. Por ello, los inconformes marcharon sobre la Autopista del Sol en esta capital y presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de Astudillo con el fin de revertir la acción de despido masivo de policías estatales en Guerrero. Desde ayer, el mandatario anunció sanciones contra los policías estatales que desde el lunes 29 declararon un paro laboral debido a que el gobierno estatal se niega a otorgar un bono de riesgo y reducir la jornada laboral de seis a tres días de trabajo. Los inconformes informaron que ayer por la tarde decidieron suspender el paro laboral pero los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que dirige el general en activo, Pedro Almazán Cervantes, no les dieron órdenes de trabajo. Para evitar sanciones, los agentes permanecieron concentrados en el cuartel central de la Policía Preventiva Estatal (PPE), al norte de esta capital, y cerca del mediodía, funcionarios de la SSP arribaron al lugar para notificarles la medida de despido masivo argumentado que los inconformes incurrieron en "violaciones graves" a la normatividad. Los policías lamentaron la actitud “autoritaria” del gobernador Astudillo porque cumplió su amenaza contra los inconformes, quienes exigen respeto a sus "derechos laborales y dignidad humana". Al respecto, los policías estatales denunciaron públicamente que siguen siendo utilizados como guardias personales de políticos, así como sus esposas e hijos. Incluso, señalaron que son enviados a "cuidar edificios particulares" en esta capital que son propiedad de la esposa de Astudillo, Mercedes Calvo Elizundia, la actual presidenta del DIF en la entidad. Además, reprocharon el hecho de que durante la operación en Tierra Caliente algunos policías estatales resultaron heridos en una emboscada y no pudieron ser extraídos de la zona de conflicto, debido a que las aeronaves oficiales fueron utilizadas para el traslado de reporteros de medios oficiales que realizaron "una cobertura a modo" del conflicto armado que prevalece en la zona. También insistieron en señalar que los recursos federales para seguridad no se están aplicando de manera correcta porque no les entregan equipo adecuado y tampoco cartuchos suficientes. Los policías estatales advirtieron que emprenderán una lucha legal para exigir ahora su reinstalación ante la falta de un procedimiento administrativo justo, así como la demanda del respeto a sus derechos laborales y garantías básicas para trabajar en la entidad.