TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un juez y seis empleados del Poder Judicial del Estado (PJE) en la cabecera municipal de Bochil fueron retenidos y trasladados hacia una comunidad en protesta por un fallo que puso en libertad a una persona acusada de homicidio calificado. Julio César Victoria Gómez, juez mixto de Bochil, y su personal, fueron sorprendidos por cientos de campesinos que salieron de la comunidad Llano Grande y llegaron hasta las oficinas del PJE localizadas sobre la Carretera Federal y 3ª Sur en el barrio Orizaba de Bochil. Tras tomar esas oficinas y bloquear los accesos, los campesinos sólo dejaron salir a las empleadas y retuvieron al juez mixto, dos secretarios de acuerdo, un defensor de oficio, un oficial de partes y dos trabajadores más quienes fueron llevados a la comunidad Llano Grande, a bordo de varias camionetas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas mientras el titular del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadena, celebraba con las mujeres burócratas el Día de las Madres. La oficina de comunicación social de la dependencia aún no tenía mayor información al respecto, y sólo dijo que se estaba ya instalando una mesa de diálogo en San Cristóbal de las Casas para lograr la libertad de los detenidos. Por su parte, el operador político en la zona por parte de la Secretaría General de Gobierno, Omar Molina Zenteno, tampoco dio detalles del incidente. Mientras tanto los siete funcionarios del Poder Judicial del Estado siguen privados de su libertad. El incidente está relacionado con una denuncia pública que lanzara hoy Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, quien dijo conocer información de que esta mañana gente de Bochil llegaría a sus oficinas en San Cristóbal para vandalizarlas. Los inconformes, precisó, están “molestos por la liberación de una persona que estaba injustamente presa, de nombre Daniel Sánchez Hernández”. Por ello Cadenas solicitó al titular de la SSP “implemente medidas cautelares a nuestro favor, tanto para nuestras oficinas como a nuestras personas y familias”. Cadenas Gordillo dijo que tras los oficios judiciales de este organismo defensor de los derechos humanos, se logró esclarecer que Sánchez Hernández era inocente de un crimen que no cometió y que dolosamente el MP de la Fiscalía General del Estado le “fabricó” el delito. “Tras revisar el expediente y el proceso por el que fue detenido, se concluyó que el inculpado sólo era un chivo expiatorio”, explicó Cadenas Gordillo. También indicó que tras la revuelta podría estar ese mismo MP, quien acudió a la comunidad de Llano Grande para dar aviso de que el juez había ordenado la libertad del indígena señalado injustamente.