MONTERREY, NL. (apro).- Representantes de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y del gobierno federal se reunieron este jueves con integrantes de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores), para intercambiar experiencias sobre la situación que enfrentan como víctimas. Acompañadas de Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), las mujeres de Amores se entrevistaron con Jan Jarab y Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), con quienes tendieron lazos de simpatía, solidaridad y respaldo. Expusieron ante ellos los obstáculos que deben superar frente al drama de las desapariciones, principalmente de niños y adolescentes, que incluyen eventos traumáticos severos. En la reunión estuvo presente Daniel Ponce, coordinador de Vinculación de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Los emisarios de la ONU también se reunieron con el procurador de Justicia estatal, Bernardo González Garza, y con Eduardo Saucedo, coordinador de Unidades de Investigación de Personas desaparecidas de la dependencia, para dialogar sobre los avances en la materia. Como parte de sus actividades, los representantes del organismo internacional atestiguaron ayer el lanzamiento del modelo integral sobre el uso de la fuerza, con el que los municipios de Monterrey y Guadalupe establecieron protocolos de actuación. En la presentación, Jarab encomió el nuevo protocolo y destacó que el uso apropiado de la fuerza es crucial para la legitimidad de cualquier país y para la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos. Por su parte, las mujeres de Amores charlaron con el delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Ricardo Canavati Hadjópulos, y con el subdelegado regional de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Raúl Sergio Montoya Retta. Las afectadas les plantearon las numerosas dificultades que pasan cuando hay familiares desaparecidos que tenían cuentas vigentes con el sistema de vivienda o en instituciones bancarias, o que abonaban al sistema del retiro Afores. Algunas aportaron testimonios sobre cómo han tenido que padecer, durante años, demoras ante las autoridades que no acceden a facilitarles el trámite, debido a que les exigen una constancia de que la persona ausente ha fallecido. Los funcionarios se comprometieron a responder con soluciones en lo particular a las mujeres que externaron sus quejas. Las integrantes de Amores también pidieron al legislador federal priista Álvaro Ibarra, presente en la reunión, que contribuya a agilizar la Ley General de Desaparición Forzada que se encuentra en la Cámara de Diputados.