PUEBLA, Pue. (apro).- Tras permanecer más de un año en prisión, acusado de ordenar la muerte de seis personas que supuestamente entraron a robar a su casa, el empresario Jorge Aduna Villavicencio obtuvo este viernes su libertad, luego de obtener un amparo de la justicia federal. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Amparo ordenó al Juzgado Cuarto de lo Penal, con sede en Puebla, emitir un nuevo auto (que en este caso fue de libertad), porque se determinó la presunta ilegalidad de medios de prueba que se usaron en el proceso que se siguió contra el empresario por el delito de secuestro agravado. Antes, en abril pasado, los expolicías ministeriales Javier Cruz Ventura y José Felipe Riveros Hernández fueron liberados porque el juez no encontró elementos que probaran que habían filtrado información al empresario, supuestamente para ubicar a las seis personas que posteriormente fueron asesinadas. Según la Fiscalía General del estado (FGE), en lugar de denunciar el asalto que sufrió su residencia y la supuesta violación de su hija, Aduna pidió el apoyo del expolicía ministerial Ricardo López Meza y de un exintegrante de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), Josafat Berlanga Flores, para ubicar a los responsables y hacer justicia por su propia mano. Basados en un Ipad que los asaltantes se llevaron y con el que tomaron fotos que luego subieron a la nube, los expolicías pudieron ubicar a uno de los participantes en el robo y luego obtuvieron información para identificar a otros cinco. Entre el 19 de octubre y el 27 de noviembre de 2015, uno a uno los supuestos partícipes en el asalto, todos vecinos de la localidad Lomas de San Miguel, fueron levantados por personas que se identificaron como ministeriales. La desaparición de Marco Antonio Cuautle Cuautle, Román Limón Gómez, Pedro Negrete Orea, Luis Ángel Flores Gutiérrez, Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Torres fue denunciada por sus familiares, quienes durante varios meses realizaron movilizaciones para exigir a las autoridades que investigaran el caso. En febrero de 2016, el entonces procurador de Justicia del estado, Víctor Carrancá, informó sobre la detención de Aduna Villavicencio como el autor intelectual de la desaparición y asesinato de los jóvenes. En ese entonces se informó que en una bodega ubicada en San Pablo del Monte, Tlaxcala, propiedad de Aduna, se habían localizado tambos con los restos de los seis cuerpos, que fueron descuartizados e incinerados. Además se reportó que en ese lugar se encontraron pertenencias y el vehículo de una de las víctimas. Incluso, en marzo de ese mismo año la Fiscalía aseguró que Román Limón y Marco Antonio Cuautle, dos de los seis hombres que Aduna supuestamente mandó matar por venganza, eran inocentes, ya que ni siquiera tenían relación con los otros cuatro que al parecer sí participaron. En los primeros años del sexenio de Rafael Moreno Valle, Aduna Villavicencio tuvo la concesión del Palenque de la Feria de Puebla, y en los últimos años obtuvo contratos para surtir con pipas de agua a las fuentes que operaba el gobierno estatal. En una entrevista realizada con un medio local, el empresario había asegurado que su implicación en el caso era una venganza de Moreno Valle por supuestamente haberse negado a servir como prestanombres en el negocio de la privatización del agua potable en Puebla. De hecho, insistió que su casa nunca había sido asaltada y que todo se trató de un montaje para inculparlo. Un mes después de estas declaraciones, el empresario gallero fue trasladado al penal federal de Durango. En un comunicado emitido por la FGE este viernes se señala que durante las investigaciones del caso, obtuvo información del lugar donde fueron privadas de la vida las víctimas, y de los copartícipes en los hechos, por lo que procedió a la detención por caso urgente en los términos del artículo 16 constitucional. “La autoridad federal estimó que la detención de los probables responsables fue ilegal, al interpretar que no se dio el caso urgente que prevé y establece el propio artículo 16 constitucional, por lo que, con base en esa interpretación, decidió nulificar diversas pruebas que integran las averiguaciones previas, situación que desde luego esta Fiscalía no comparte”, indica. “Esta libertad” –agrega-- “no implica que las personas que señaló la Fiscalía como probables responsables sean inocentes, sino más bien un problema de criterios respecto del cumplimiento de los requisitos de la figura de caso urgente, de la que han existido diversas posturas. La Fiscalía hará valer todos los recursos de queja procedentes”. Puntualiza que una vez que sean devueltas las constancias al agente del Ministerio Público, se subsanarán las observaciones de la autoridad federal y “en su momento se solicitará al juez del conocimiento lo conducente”.