VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La diputada federal del PRI, Georgina Trujillo Zentella, y el exconsejero jurídico, Miguel Romero Pérez, rechazaron haber recibido dinero de José Manuel Sainz Pineda, extesorero del gobierno priista de Andrés Granier. Ambos figuran en la lista de 57 personas que la defensa de Sainz Pineda solicitó que comparezcan ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se esclarezca “la verdad histórica” sobre el manejo de los recursos en el sexenio de Granier Melo (2007-2012). El diputado federal y dirigente estatal del PRD, Candelario Pérez Alvarado, dijo que los mencionados deben comparecer, pero que todo apunta a una estrategia del extesorero para retrasar su sentencia por el saqueo a Tabasco y esperar que un próximo gobierno lo perdone. En la relación aparecen exfuncionarios granieristas y del gobierno de Arturo Núñez, así como exdiputados locales, líderes magisteriales y de burócratas, empresarios periodísticos y los directores de Pemex y Capufe, José Antonio González Anaya y Benito Neme Sastré, entre otros. También María Teresa Calles, esposa de Andrés Granier, y su hijo Fabián Granier Calles. La diputada Trujillo, aspirante al gobierno del estado, tachó de “absurda” la lista y anunció que acudirá a la FGE en caso de ser citada porque, aseguró, no tiene nada que ver con el saqueo a la entidad. “Si me notifican con mucho gusto iré a testificar que no recibí dinero de Sainz Pineda, ni estoy involucrada en algún asunto de esa naturaleza”, sostuvo la también exlideresa estatal del PRI y exdiputada local en el periodo 2007-2009. “Es una relación que no tiene ni ton ni son”, manifestó y puso como ejemplo el nombre del director de Pemex, José Antonio González Anaya, a quien se le cita como exsubsecretario de Ingresos de Hacienda y de la Unidad de Apoyo a Entidades Federativas, durante el periodo 2006-2012. Al director de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Benito Neme, se le requiere como abogado electoral externo del PRI-Tabasco de 2009 a 2010 y coordinador jurídico de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. “No tengo ningún temor, pero puede ser un tema mediático, porque qué casualidad que yo encabezo la lista”, observó Gina Trujillo. Miguel Romero respondió que “ni como consejero jurídico del gobierno de Andrés Granier ni como dirigente del PRI” tuvo acceso a los recursos del gobierno estatal. También adelantó que comparecerá ante la FGE si se le cita y que le parecía "raro" que el extesorero lo involucre en el caso cuando se supone que son del mismo equipo de Granier Melo. El líder estatal del PRD, Candelario Pérez, dijo que los abogados de Sainz Pineda buscan alargar los tiempos hasta la salida del gobierno de Arturo Núñez, en diciembre de 2018, “para tener otra oportunidad, y de esta manera ver que sea otro gobierno quien les perdone todo lo que han hecho, pero la ley es clara y se debe aplicar”. Luego señaló que las autoridades tienen que hacer su trabajo y si alguien tiene que aclarar alguna situación, lo deberá hacer. “Que hagan las investigaciones y lo más importante es que regresen el dinero a Tabasco”, añadió. Este fin de semana el abogado Víctor Manuel Hilario, cabeza del cuerpo jurídico de Sainz Pineda, informó que solicitó la comparecencia de 57 personas ante la FGE para que rindan testimonio de cargo, el cual “permita arribar a la verdad histórica de los hechos y en concreto establecer quién o quiénes eran los responsables de determinar la aplicación y ejercicio de los recursos económicos de la cuenta presupuestaria 57401”, así como los beneficiarios. Mediante esa cuenta, dependencias del gobierno granierista solicitaron a la Secretaría de Planeación y Finanzas (que encabezaba Sainz Pineda) “se cubriera el pago de diversas cantidades de dinero a una multiplicidad de personas tanto físicas como morales”. En la lista también figuran el exsecretario de gobierno y senador priista Humberto Domingo Mayans Canabal y su esposa Silvia López Hernández, hermana del dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López. También el excandidato priista a la gubernatura y exalcalde del municipio de Centro (cabecera de Villahermosa), Jesús Alí de la Torre, y el fiscal general Fernando Valenzuela Pernas, diputado local del PRI de 2010 a 2012. Además, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, José Antonio de la Vega y exdiputado local de 2007-2009. Asimismo, los exprocuradores Gustavo Rosario Torres, Rafael González Lastra y Gregorio Romero Tequextle, el primero, ahora secretario de Gobierno, así como el excontralor estatal Roger Pérez Evoli. También Aquiles Domínguez Cerino y Adrián Hernández Balboa, exsecretarios de Comunicaciones y Transporte (SCT), el segundo también ex dirigente estatal del PRI y actual diputado local. A ellos se suman las extitulares de Educación Pública, Beatriz Luque y Deyanira Camacho, y el de Obras Públicas, Héctor López Peralta. Luego están Francisco Rullán Silva, ex itular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE); la exsecretaria técnica y exdiputada local Lorena Beauregard de los Santos; Oscar Cantón Zetina, exdiputado local y actual representante del gobierno del estado en la Ciudad de México. El exasesor de Núñez y exsecretario de Finanzas, Víctor Manuel Lamoyi; Alberto Miguel Lacarra, exasesor de Sainz Pineda y exsecretario de Desarrollo Económico; la exsubsecretaria de Finanzas, Marcela de Jesús González, y Carlos Alberto Vega Celorio, éste, además, exalcalde priista del municipio de Tenosique También los empresarios Ignacio Cobo González y Miguel Cantón Zetina, con su hijo Miguel Cantón Martínez de Escobar, propietarios, respectivamente, de los diarios Presente y Tabasco Hoy. Finalmente, René Ovando, líder del sindicato de burócratas; Pedro Estrada Almeida y Guadalupe Arias Acopa, dirigente de la sección 29 del SNTE, y el exsubsecretario de Gobierno Juan Molina Becerra, entre otros.