Madres de desaparecidos firman convenio con Fiscalía de Chihuahua para incentivar la denuncia

viernes, 2 de junio de 2017
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La organización Justicia para Nuestras Hijas, que preside Norma Ledezma Ortega, firmó un convenio con la Fiscalía General (FG) del estado para iniciar la campaña Espacios vacíos, con la que la activista y otras madres de personas desaparecidas, viajarán por municipios de Chihuahua, principalmente de la Sierra Tarahumara, para incentivar la denuncia de personas desaparecidas y limpiar terrenos en busca de fosas clandestinas. En el sexenio de César Duarte, los familiares de personas desaparecidas fueron ignorados, incluso se desincentivó la denuncia y el exdirector de la Policía Estatal Única, Pablo Ernesto Rocha Acosta, fue señalado de ocultar restos en el municipio de Cuauhtémoc. Habitantes de la Sierra Tarahumara, de la región centro sur, de Cuauhtémoc y otros municipios, e incluso desde los juzgados, denunciaron durante esa administración la existencia de fosas clandestinas y formas perversas de desaparecer a las personas, desde el entierro clandestino, hasta la fundición de cuerpos con vías del tren y el ahogamiento en presas o lagos del estado. En entrevista con Apro, el actual fiscal general César Augusto Peniche Espejel, dijo que desde hace tiempo hay lugares en los que presuntamente hay fosas clandestinas y que las autoridades anteriores habían evitado asumir su responsabilidad. “Cuando se realiza la transición (de gobierno), uno de los objetivos fue asumir esa responsabilidad. Muchas familias no han localizado a sus familiares y en enero iniciamos. En noviembre y diciembre nos dedicamos a buscar información; en febrero entramos al Valle de Juárez con más intensidad (...) estamos delineando estrategias para intensificar las búsquedas, porque también hay otras áreas en el estado, que se requieren rastrear por las denuncias que hay”, detalló. La Fiscalía ya comenzó el rastreo de cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de Madera y lo intensificó en el Valle de Juárez, que abarca los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito Bravos. En el caso del Valle de Juárez, dijo, hay más de 20 puntos ubicados en los que presuntamente hay cuerpos enterrados de manera clandestina, pero sólo han trabajado en uno, por lo que trabajan en fortalecer la estrategia de búsqueda y durante todo este año tendrán actividad permanente en ese tema. El fiscal dio a conocer que cuando asumió el cargo, sólo en el Servicio Médico Forense de la Zona Norte con sede en Ciudad Juárez, encontraron 220 restos óseos y cuerpos que no habían sido identificados, pero en el estado hay 571. La pasada administración no implementó el procedimiento para identificarlos porque no había dinero ni para comprar reactivos que permitan hacerlo. En Ciudad Juárez había 171 cuerpos y 79 restos óseos. En total eran 250, de los que 90 contaban con perfil genético y de 160 tenían muestras bajo proceso. Del Semefo de Juárez se llevaron algunos cuerpos a Chihuahua porque los refrigeradores estaban en mal estado, sin mantenimiento. En la Zona Centro con sede en Chihuahua y que incluye municipios como Delicias, Aldama, Ojinaga y otros, había 157 cuerpos y 63 restos, que suman 220. De estos, 75 contaban con perfil genético y de 145, hay muestras genéticas. En la Zona Sur, con sede en Parral y que comprende el sur de la Sierra Tarahumara, había 16 cuerpos y 18 de restos óseos, 34 en total. En esa zona, seis tenían perfil genético y 28 contaban con muestras bajo proceso. Y en la zona Occidente, que abarca la otra parte de la Tarahumara y tiene sede en Cuauhtémoc, municipio que registró el sexenio pasado el número más alto de personas desaparecidas del país, había 47 restos óseos y cuerpos sin identificar. De ese total 33 son cuerpos y 14 restos óseos, de los que 34 tienen perfil genético y solo 13, muestras bajo proceso. El gobierno de Duarte se negó a que el Equipo Argentina de Antropología Forense (EAAF) interviniera en la identificación de restos calcinados que fueron localizados en tres fosas clandestinas de los municipios de Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Carichí. Pero ahora Javier Corral firmó un convenio para que dicho equipo realice el trabajo que solicitaron los familiares de las personas desaparecidas en Cuauhtémoc. El trabajo inició al finalizar el año pasado y de acuerdo con Gabino Gómez Escárcega, encargado del área de personas desaparecidas y desplazadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), las antropólogas lideradas por Mercedes Doretti, ya tomaron las muestras de los restos óseos y de los familiares que pudieran estar relacionados, y los llevaron a Córdoba, Argentina para analizarlos en una segunda etapa. Algunas muestras fueron enviadas al laboratorio Bode Technology, en el estado de Virginia de Estados Unidos. “Tuvieron contacto con 99 casos de personas desaparecidas y 264 familiares, en una segunda etapa. La primera etapa consistió en seleccionar los restos óseos de 13 familiares que pudieran tener muestras y éstas se fueron a Virginia”, explicó Gómez Escárcega, quien dijo que para las familias es una experiencia con “sabor agridulce”, porque están aceptando la posibilidad de que sus seres queridos estén muertos, pero ya los podrán identificar y les dará certidumbre. Todo el proceso de dicha etapa, se llevará entre tres y cinco meses, dijo el activista. “Aún quedaron pendientes de contactar a algunas familias que no se localizaron porque viven en otros estados o en Estados Unidos, pero se va a continuar en otro momento”. La organización Las madres que conforman la organización Justicia para Nuestras Hijas, lanzaron la campaña Espacios vacíos el pasado 29 de marzo con el fin de animar a familiares de otras personas desaparecidas en la entidad, que por miedo o desconfianza no han denunciaron la ausencia forzada o involuntaria de sus seres queridos, a que lo hagan y ayudar a buscarlos. Norma Ledezma informó que luego de años de indiferencia y con casi dos mil personas desaparecidas en el estado (sólo las que tienen reporte de ausencia o denuncia), decidieron lanzar la campaña en el marco del décimo quinto aniversario de Justicia para Nuestras Hijas. La activista refirió que los familiares de las personas desaparecidas, se toparon de frente con la desesperación, la angustia, la tortura y la locura que se vive cuando un ser querido desaparece y al mismo tiempo, con la negligencia y apatía de las autoridades, con la indiferencia social. En ese contexto surgió la campaña. “Nunca nadie ha sido sancionado, no conozco a un funcionario o a un servidor público, que por los casos nuestros, haya sido sancionado”, condenó.