SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- Los diputados Enrique Flores Flores, del PAN;  J. Guadalupe Torres Sánchez, del PRD, y Óscar Bautista Villegas, del PRI, presentaron hoy licencia al Congreso del estado. Los tres están involucrados en varios señalamientos de corrupción que fueron surgiendo a partir de que entró en funciones la actual Legislatura local, y que llegaron a su punto más alto con la divulgación de un video en el que el panista Flores Flores prácticamente confesó la operación para cobrar “moches” a los presidentes municipales a cambio de limpiar las cuentas públicas. Estas licencias se suman a la renuncia presentada por el auditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, cuya instancia y colaboradores fueron también implicados por el propio Flores Flores, en el video en que detalla una trama de corrupción al alcalde de Ébano, Crispín Ordaz, mismo que también presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del estado. El Congreso del estado difundió los anuncios de los tres legisladores hechos por separado, pero coincidentes en declararse inocentes y dispuestos a atender los requerimientos que las autoridades les hagan para deslindar responsabilidades por lo referido en los videos publicados por el diario Pulso hace dos semanas. El panista Flores Flores –quien era presidente de la Junta de Gobierno del Congreso– anunció que su solicitud de licencia tiene como único fin “aclarar y enfrentar responsablemente” todos los señalamientos en su contra, y se dijo convencido de no haber incurrido en ilícito alguno. “Este tiempo que pediré licencia servirá para que la sociedad potosina y todas las autoridades puedan cuestionarme, indagar (…) yo acudiré a todos los llamados de la autoridad y de la sociedad, en ningún momento me esconderé o negaré mis acciones y demostraré que soy inocente de cualquier imputación delictiva que me hagan”, dijo el blanquiazul. Flores también insistió en que en el video difundido él seguía la corriente al alcalde de Ébano (y no al revés) y exculpó a sus compañeros mencionados en la videograbación: Bautista Villegas, Torres Sánchez y el diputado del Partido Verde Manuel Barrera Guillén, quien es el único de los cuatro que rechazó la posibilidad de pedir licencia. En tanto, el perredista J. Guadalupe Torres Sánchez anunció que presentó una solicitud de licencia por tiempo indefinido “para que las autoridades competentes realicen las investigaciones sobre el tema del video del diputado Enrique Flores”. Calificó como una “injusticia” que fuera señalado por aparecer en la conversación del diputado Flores con el alcalde de Ébano. “Tan convencido estoy de mi inocencia que hoy me pongo a disposición de las autoridades”, agregó. “Se me mencionó de manera irresponsable e indebida, como así lo ha reconocido y expresado claramente el propio diputado Flores”, agregó el perredista, identificado como un hombre muy cercano al alcalde de la capital, Ricardo Gallardo. En lo que respecta al priista Óscar Bautista Villegas, representante del distrito con cabecera en Rioverde, éste salió ante los medios para defenderse a su estilo y se dijo sumamente dolido por la decisión de presentar la licencia a su curul: “En un ejercicio meramente personal y en atención a mis propias obligaciones como funcionario público, voy a solicitar licencia por tiempo indefinido a la responsabilidad que me han conferido mis amigos, compañeros del décimo distrito electoral (...) quiero dejar muy en claro que es una gran responsabilidad que debemos de asumir quienes hoy ostentamos responsabilidades de esta índole (…) lo anterior a efecto de poder coadyuvar al esclarecimiento de los hechos acaecidos con el acontecimiento o el motivo de la publicación de un video”, fueron las palabras del diputado del PRI. Por otra parte, la organización por la transparencia Ciudadanos Observando dio a conocer que desde hace por lo menos dos años atrás, el exauditor superior del estado, José de Jesús Martínez Loredo, ya tenía denuncias penales ante la Procuraduría de Justicia del estado e incluso ante la PGR, acusado de nepotismo, usurpación de funciones, uso indebido de atribuciones, contrataciones indebidas, lucro indebido, tráfico de influencias y otros daños al erario. La organización localizó la averiguación previa PGR/SLP-VIII/289B/2015, así como la CDI/PGJE/SLP/ZC/13716/1 de noviembre del 2016. A esta última denuncia se adjuntó lo relacionado a un presunto desvío de 600 mil pesos que se habría justificado con la realización de una fiesta de Navidad que, señala Ciudadanos Observando, “nunca se realizó”.