Vinculan a proceso a cuatro excolaboradores de César Duarte

martes, 27 de junio de 2017
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El juez federal Amílcar Azael Estrada Sánchez vinculó a proceso a cuatro excolaboradores del exgobernador César Duarte Jáquez. Se trata del exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, actualmente testigo protegido en procesos penales del fuero común; Jesús Olivas Arzate, exdirector de Egresos; Ángel Mezquitic Aguirre, exdirector de Programación y Control de Pagos de Hacienda, y Pedro Mauli Romero, exsecretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal del PRI. Los cuatro enfrentarán su proceso en libertad, debido a que se presentaron de manera voluntaria a las dos audiencias a las que fueron citados para formularles la imputación y vinculación a proceso por el delito de peculado electoral. De acuerdo con el agente del Ministerio Público, en su declaración del pasado 26 de mayo Herrera Corral acusó a César Duarte de ordenar la retención de recursos de burócratas para desviarlos al PRI. El exsecretario de Hacienda dijo que desde el momento en que asumió el cargo, el 10 de octubre de 2012, Duarte lo citó en la Casa de Gobierno para que diera prioridad a las retenciones que posteriormente entregaba al Revolucionario Institucional. Señaló que el exgobernador le había dicho que ese sistema lo implementaron desde que inició su gobierno, a través de las direcciones de Administración y Programación, y Control de Pagos, por lo que debía de darle continuidad. Cuando endosaban los cheques, el extesorero de Hacienda, Joaquín Francisco Hernández, los cambiaba por dinero en efectivo a través del Servicio Panamericano, y luego lo entregaba a Pedro Mauli. El pasado 12 de mayo, Herrera justificó que el cien por ciento de los 12 cheques para desviar los casi 15 millones de pesos no tenían su firma autógrafa, sino electrónica, y dijo que cuando fungió como titular de Hacienda manejó recursos por alrededor de 200 mil millones de pesos, por lo que era imposible tener un control personal de todos los movimientos y acciones operadas. En ese proceso también están acusados el exgobernador César Duarte Jáquez y la actual diputada local Karina Velázquez, quien se desempeñaba como presidenta del PRI cuando ocurrieron los presuntos desvíos de dinero público con fines electorales. La denuncia del caso fue presentada por la secretaria de la Contraloría del estado, Stefany Rocío Olmos Loya, ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que investigó el desvío de 14 millones 609 mil 583 pesos obtenidos de la retención del salario de trabajadores estatales en las secretarías del gabinete de Duarte. Durante todo el sexenio les descontaron entre 5 y 10% a los burócratas, lo que hizo una suma de aproximadamente 79 millones de pesos, sin contar las instancias descentralizadas y algunas autónomas. Olmos Loya y los directores jurídicos de las Juntas de Agua y Saneamiento (JAS) de Juárez y Chihuahua presentaron otras denuncias por el mismo delito, que incluyen a expresidentes de los comités municipales del PRI, así como a expresidentes de las JAS de esos dos municipios y sus tesoreros. Por otra parte, en los juzgados del fuero común vincularon a proceso al empresario Germaín Lezama Cervantes por el delito de peculado, debido a que presuntamente desvió 120 millones de pesos en contubernio con exfuncionarios de Hacienda en el estado. Durante la audiencia se indicó que el exauditor superior Jesús Manuel Esparza Flores (también procesado por otros casos de peculado) contactó a la empresa Kepler Soluciones Integrales, a través de la cual se desviaron los recursos. De acuerdo con la causa penal 1260/2017, el empresario está acusado de simular, como representante legal de la empresa, el proceso administrativo, además de que participó en la supuesta contratación de servicios de asesoría para la aplicación de mejoras en procesos contables y administrativos de Hacienda. Lezama entregó diversa documentación de la empresa, como el acta constitutiva, domicilio para recibir notificaciones y oficios sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales y obrero-patronales, y por la prestación de servicios pagó 120 millones de pesos. El 16 de octubre del año pasado, Kepler emitió dos facturas por 60 millones de pesos cada una, aunque el pago se había hecho meses antes. En ese mismo proceso están vinculados a proceso el exdirector general de Administración, Gerardo Villegas Madriles, quien firmó el contrato con la empresa, y el diputado federal suplente Antonio Enrique Tarín García, quien era director del Comité de Adquisiciones y adjudicó de manera directa esa compra.

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