CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería informó que el Proyecto San Luis que llevaría a cabo la empresa química The Chemours Company, consistente en instalar en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, una planta para producir 65 mil toneladas de cianuro de sodio (NaCN) al año, ha sido cancelado. En un comunicado, la red informó que pese a contar con el respaldo del gobernador guanajuatense Miguel Márquez Márquez, The Chemours Company desistió en su intento de llevar a cabo su Proyecto San Luis, “debido a la presión ejercida por la sociedad ludovicense que, abierta y contundentemente”, se opuso al alto riesgo que representaba el proyecto para su salud y el medio ambiente local. Chemours desistió después de que su solicitud de autorización en materia de impacto ambiental presentada en agosto del 2016 ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat fuera fuertemente cuestionada por la sociedad ludovicense, señala el comunicado. La Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano, movilizó a los ciudadanos de San Luis de la Paz para desplegar acciones colectivas contra la instalación de la planta de cianuro por considerarla de alto riesgo para su comunidad. El cianuro de sodio, señaló la organización, es uno de los venenos más potentes del mundo y The Chemours Company lo fabrica para proveer a “la violenta industria minera mexicana” que lo utiliza en los procesos de lixiviación de metales preciosos extraídos con la técnica a cielo abierto. Y consideró que el triunfo de la sociedad ludovicense contra el “Proyecto San Luis” debe dimensionarse adecuadamente pues no es sólo contra la Chemours y por su propio territorio, es contra el conjunto de la industria minera. La oposición social frente a la planta de cianuro de The Chemours Company, subrayó la organización, confirma que la defensa de comunidades receptoras o potenciales receptoras de los daños y perjuicios provocados por el modelo de desarrollo no depende tanto de la voluntad de operadores jurídicos, políticos y económicos como de “una sociedad alerta y movilizada, capaz de hacer valer sus pretensiones”, incluso contra los órganos estatales en su conjunto al impedir obras o proyectos contrarios a sus intereses.