VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El Juzgado Primero de Distrito, con sede en esta capital, otorgó amparo a Valeria Sainz Pérez, una de las dos hijas de José Manuel Sainz Pineda, extesorero del gobierno de Andrés Granier Melo, luego del arresto de su madre, Beatriz Pérez Ceballos, por lavado de dinero y fraude bancario. Valeria, de 21 años, solicitó protección de la justicia federal ante una posible acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos que enfrentan sus padres. El amparo se le otorgó el pasado 24 de mayo, el mismo día en que su madre fue aprehendida en su residencia de Sugar Land, en Corpus Christi, acusada junto con su esposo y el socio de éste, Martín Medina Sonda, de transferir a Estados Unidos grandes cantidades de dinero público. También se les acusa de fraudes bancarios, de robar fondos y realizar sobornos, dinero que se lavó a través de los bancos Morgan Stanley Smith Barnet, Royal Bank of Canada y J.P. Morgan Chase. La denuncia incluye la compra de siete propiedades en Nueva York, Miami, Los Ángeles y Texas, así como la apertura de seis cuentas bancarias y de “empresas de papel”, además de incorporar una sociedad en el paraíso fiscal de las Bermudas. La justicia estadunidense busca confiscar 50 millones de dólares de los acusados, presuntamente implicados en lavado de dinero y fraude bancario, delitos por los cuales enfrentarían penas de hasta 50 años de cárcel y multas por un millón y medio de dólares. Sainz Pineda y Medina Sonda se encuentran presos en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) desde 2013 y 2015, respectivamente. Granier Melo es reo desde 2013 en el Centro Médico del Reclusorio Femenil Tepepan de la Ciudad de México, por problemas cardiacos, luego de una corta estancia en el Reclusorio Oriente. El 29 de mayo el fiscal general del estado, Fernando Valenzuela Pernas, informó que durante el gobierno priista de Granier Melo se desviaron más de 10 mil 600 millones de pesos. Asimismo, se han localizado varios fideicomisos en bancos de Nueva York; Toronto, Canadá; Dublín, Irlanda y Nueva Zelanda, abiertos entre 2007 y 2012, justo en el sexenio de la pasada administración estatal. Ante ello, dijo, se solicitó la colaboración de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, “para los inmediatos aseguramientos de estos fondos”.