OAXACA, Oax. (apro).- El conflicto agrario entre Tamazulapan del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla sigue cobrando vidas. Esta vez la víctima fue una mujer embarazada. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dio a conocer que investiga la muerte de la mujer, al parecer porque, debido al conflicto en la región mixe, no había un médico que pudiera atenderla en el hospital comunitario. Asimismo, instó a la Secretaría de Salud del estado (SSO) a implementar los mecanismos necesarios para garantizar la presencia de personal médico, así como proveer de instrumental y medicamentos al Hospital Básico Comunitario de Tamazulapan del Espíritu Santo, y reiteró su llamado al diálogo a autoridades y habitantes de los pueblos en conflicto. Según el expediente DDHPO/920/(14)OAX/2017, al presentar malestares de parto, una indígena mixe fue trasladada al hospital de Tamazulapan, pero no encontraron a nadie que pudiera atenderla, por lo que de inmediato los familiares la trasladaron a la Cruz Roja de Tlacolula de Matamoros, sin embargo, al llegar la paciente ya había muerto. Ante tal hecho, solicitó a la SSO que instruya a los servidores públicos involucrados en los sucesos para que, en un plazo de siete días hábiles, rindan un informe detallado y completo sobre los actos motivo de la queja, debiendo precisar el conocimiento y el grado de intervención que tengan en el episodio descrito, a fin de que el organismo defensor pueda dar seguimiento al caso. Sobre el enfrentamiento suscitado entre pobladores de ambas comunidades mixe, el pasado lunes 5, la Defensoría de los Derechos Humanos informó que en esa misma fecha inició el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/547/(01)/OAX/2017, dentro del cual reiteró las medidas requeridas en la alerta temprana para la atención integral del conflicto entre dichas poblaciones. De igual manera, solicitó la adopción de medidas cautelares a la Secretaría General de Gobierno para que implemente y coordine mesas de trabajo que atiendan en forma integral los problemas entre ambas localidades, a fin de garantizar una convivencia pacífica. A la Fiscalía General del estado (FGE) le solicitó que adopte las medidas de protección necesarias para asegurar la integridad de las personas que se encuentran en medio del conflicto limítrofe entre San Pedro y San Pablo Ayutla, y Tamazulapan del Espíritu Santo. Y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, le pidió que salvaguarde la seguridad en la zona para garantizar la integridad de bienes y derechos de las personas de ambas comunidades. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad condenó los hechos de violencia, y subrayó que las principales víctimas son las mujeres, “como históricamente ha sucedido en los conflictos políticos”. Consideró que sin lugar a dudas el gobierno del estado “es responsable de que el conflicto haya escalado, pues éste se suma a otros que han detonado en el estado por falta de capacidad política para garantizar condiciones de gobernabilidad”. “De ahí nuestra exigencia para que de manera urgente se generen condiciones y se inicien procesos de diálogo, ponderando la concertación y descartando el uso de los cuerpos policiacos en contra de las comunidades en conflicto”, puntualizó. También expresó su preocupación por los impactos que ocasiona esa situación: miedo, zozobra y la posibilidad de la pérdida de la vida de mujeres, niñas y niños. Por eso, agregó, “demandamos al gobierno cumplir con su obligación de garantizar la vida, la seguridad física y emocional de las mujeres, niñas y niños de dichas comunidades”. Finalmente hizo un llamado a las organizaciones internacionales, nacionales y estatales de derechos humanos a observar la actuación del gobierno del estado frente al conflicto entre San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulapan del Espíritu Santo, que se reactivó el pasado 18 de mayo por la disputa de un manantial. El pasado lunes 5, alrededor de las 10:30, habitantes de Tamazulapan perpetraron un ataque armado contra sus vecinos de San Pedro y San Pablo Ayutla, después de invadir alrededor de 150 hectáreas en inmediaciones del paraje El Manantial. El saldo fue de un muerto, diez heridos, cuatro mujeres rehenes, y 18 policías retenidos (11 estatales y siete de la Agencia Estatal de Investigaciones). Horas después fueron liberadas las mujeres y los uniformados, pero el conflicto se mantiene con bloqueos carreteros en la zona, en demanda de atención por parte del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa.