HERMOSILLO, Son., (apro).- Los integrantes de la diputación permanente del Congreso local se negaron a exhortar a la Secretaría de Gobernación y al gobierno sonorense para reactivar la solicitud de emitir la alerta de violencia de género en el municipio Cajeme, a unos 256 kilómetros al sur de esta capital. La propuesta con punto de acuerdo fundamenta que la reactivación de esta solicitud se debe a que Cajeme "ha sido afectado por una ola de violencia social generalizada sobre todo en eventos relacionados con el crimen organizado, por lo que ejecuciones, secuestros, e incluso desapariciones de mujeres, se han elevado alarmantemente". Según cifras del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México, capítulo Sonora, en ese municipio sureño se registraron 18 muertes violentas de mujeres en lo que va del año. En Sonora el número asciende a 45 feminicidios durante 2016 y en el primer semestre de 2017 la cantidad es de 34. El análisis estadístico publicado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal arroja que Cajeme ocupa el segundo lugar de incidencias delictivas, es decir 15 de cada 100 actos antisociales ocurren en este ayuntamiento. Y no solo eso: En relación con la participación municipal en los rubros de homicidios dolosos y feminicidios ocupó el primer lugar con 94 incidencias. Pese a los argumentos, sólo la diputada panista Lissete López aprobó este punto de acuerdo, mientras que el priista Emeterio Ochoa, presidente de la diputación permanente y representante del distrito 17 de Cajeme, se abstuvo de votar, al igual que Fermín Trujillo, legislador plurinominal del Partido Nueva Alianza (Panal). A esta sesión no asistieron los diputados Ana María Luisa Valdés y José Ángel Rochín, del PRI y Morena, respectivamente. Evitar la declaratoria No obstante, a la reunión organizada en la sala de comisiones acudió el secretario de Gobierno, Miguel Pompa, quien consideró que si se niega a Sonora la declaratoria de la alerta sería un éxito gubernamental y solo admitió la existencia de 30 feminicidios contabilizados a mayo de este año. "Si logramos evitar que se declare la alerta será un éxito compartido entre todos los niveles de gobierno y las organizaciones participantes; pero si fracasamos y las medidas son dictadas quiere decir que estamos fallando", dijo el secretario luego que la diputación permanente le concedió la palabra durante la discusión del punto de acuerdo. En respuesta y por separado, la diputada panista López explicó que esta negativa al exhorto significa que el gobierno sonorense a cargo de la priista Claudia Pavlovich "reconoce que el problema es grande y se niegan a recibir ayuda". Y enfatizó: "Esta reacción también nos dice que los feminicidios y los homicidios dolosos ocurridos en Cajeme no son prioridad para este gobierno". Sonora es el único estado de la República mexicano gobernado por una mujer y, pese a ello, la estructura gubernamental se niega a la expedición de esta declaratoria. Antecedentes El 25 de abril de 2015 la organización Alternativa Cultural por la Equidad de Género AC presentó la solicitud ante el Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de que en Cajeme se declara la alerta de violencia de género. El 9 de noviembre siguiente la Segob notificó al ejecutivo sonorense la existencia de un informe elaborado por el grupo de trabajo que atendió la solicitud y la obligación de atender las observaciones en un periodo de seis meses. El 1 de junio de 2016 el gobierno sonorense la remitió a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujer (Conavim) que había implementado las propuestas. Para el 26 de agosto, dos meses después, el grupo de trabajo determinó por unanimidad que Sonora "había mostrado voluntad política y avances concretos" y anunció que en el semestre subsecuente valorarían los avances. Asimismo, ordenó la publicación de un programa estatal para erradicar la violencia contra las mujeres; la creación de un centro de justicia femenil; la creación de un reglamento en acuerdo a Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como la presentación de iniciativas de reforma al código de familia y la aprobación de la Ley número 91, relativa a la paridad de género en el ámbito político- electoral. Con respecto a esta solicitud de 2015, la fracción parlamentaria del PAN solicitó su reactivación la tarde de este miércoles, pero las dos terceras partes de la diputación permanente se negó a aprobar el punto de acuerdo y lo envió al estudio en comisiones. mlv