CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla denunció que, pese a las tres suspensiones definitivas –otorgadas por tribunales colegiados– del tramo carretero que pasa por esta comunidad otomí, las construcciones de la autopista Toluca-Naucalpan en el Estado de México continúan, así como las amenazas a los habitantes de la zona. En el foro académico “#XochiPropone”, José Luis Fernández, vocero de la comunidad, aseguró que tras iniciar el proceso de defensa de su tierra han sido víctimas de hostigamientos y violencia física y verbal. Y es que, constantemente, maquinaria de la empresa Autopistas de Vanguardia -filial de la Constructora Teya del Grupo Higa- llega a la zona en cuestión, acompañada de policías. Por separado, Carla Sofía Loyo, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y representante legal del caso, explicó que las asambleas agrarias también son sitiadas por las policías y que los líderes comunitarios han padecido amenazas, agresiones e intimidaciones directas. La última agresión se registró en abril del año 2016, cuando la constructora derrumbó la casa de uno de los habitantes, además de que pretendía derrumbar la capilla de la zona, aún con las suspensiones vigentes. Según la litigante, otros abusos se registraron en mayo de 2013 y noviembre de 2014, cuando máquinas y policías entraron a la comunidad y éstos detuvieron a entre ocho y 14 personas, por los delitos de obstrucción a la construcción de obra pública. Incluso, en la segunda intromisión detuvieron al delegado municipal, autoridad tradicional y civil de la comunidad. Sin embargo, a pesar de que todas las personas recuperaron su libertad, no quedaron absueltas, pues las investigaciones ministeriales siguen archivadas en su contra, comentó la abogada. “Nos encontramos dentro de los juicios peleando esta agresión por parte del Estado de México y este incumplimiento a la violación de la suspensión. Desgraciadamente, los tiempos judiciales son muy largos; a más de un año continúa esa pelea dentro del poder judicial”, lamentó. En total, según José Luis Fernández, han sido encarcelados 22 habitantes de Xochicuatla por la defensa de sus bosques sagrados. Desde 2015, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos interpuso tres amparos por la violación a los derechos humanos de la comunidad otomí de Xochicuautla, específicamente por la violación a los derechos a la consulta, al agua, a la integridad cultural, al territorio, al medio ambiente sano, y a los derechos de los niños a continuar con su vida cultural. Los recursos legales son los siguientes: 1117/2015, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Administrativos en el estado de México, y el 771/2015 y 441/2016, ambos en el Juzgado Quinto. El proyecto En el foro “#XochiPropone”, los mexiquenses también hicieron un llamado al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, a que acepte la propuesta alternativa que la comunidad, junto con un grupo de ingenieros de Xochicuautla, elaboraron para la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan. El proyecto consiste en la construcción de cuatro puentes y túneles del kilómetro 14 al 18, cuyo trazo no impediría la separación del bosque con la comunidad otomí y sí, en cambio, permitiría el cauce natural del agua, así como el libre tránsito de la fauna. El plan alterno de la comunidad no separa las montañas y las afectaciones ambientales serían mínimas. Sin embargo, la litigante Carla Sofía Loyo acusó que, pese a las mesas de trabajo que iniciaron desde el año pasado, tanto el gobernador priista como la constructora se niegan a aceptarlo. “El Estado de México ha hecho diferentes propuestas en el marco de estas reuniones. Son propuestas que todavía no logra entender adecuadamente la importancia cultural, social, económica y ambiental del bosque para la comunidad”, dijo. Finalmente, los investigadores Hugo Briseño, David Vargas Del Río del ITESO, y Octavio Rosas Landa de la UNAM, avalaron la viabilidad del proyecto y pidieron a las autoridades pensar la infraestructura del país no sólo en términos económicos, sino culturales y sociales. “La empresa no está arriesgando nada, porque tiene asegurada su construcción y la operación de la misma”, concluyeron.