CHIHUAHUA, Chih. (apro).-  Una vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a los poderes ejecutivo y judicial para dejar de utilizar los Centros de Arraigo en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez como prisiones ilegales de internos imputados a quienes les han dictaminado "arraigo domiciliario", el secretario general del gobierno estatal, César Jáuregui Robles, dio a conocer que agilizarán el proceso de cierre definitivo. "Ante la falta de compatibilidad legal entre la utilización de centros de arraigo y el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, el gobierno de Chihuahua agilizará el proceso de cierre definitivo de estos sitios". Jáuregui Robles explicó que con el nuevo esquema del proceso penal que entró en vigor el año pasado, hay incompatibilidad de la operación de los Centros de Arraigo y el principio de presunción de inocencia que está plenamente establecida en las constituciones locales y en la federal. “Esta circunstancia obliga a que se acelere el paso y los procedimientos, a efecto de una vez concluidos los mismos, llevar al cabo el cierre definitivo de estos centros conocidos como 'los ceresitos', porque ya no se sostienen dentro del marco legal”. El funcionario dijo que el gobierno estatal está en la mejor disposición de atender los señalamientos de los organismos que trabajan a favor de los derechos humanos. La CNDH emitió la recomendación 29/2017, dirigida al gobernador Javier Corral Jurado y al magistrado del Tribunal Superior de Justicia, para que eviten utilizar esos centros como prisiones ilegales, una vez que se agota el tiempo procesal de dos años. La investigación de los centros por parte de la CNDH se originó luego de que el 30 de agosto de 2016 se publicó en una nota periodística, la utilización de presuntas prisiones ilegales en el estado de Chihuahua, para trasladar a internos que habían cumplido dos años en prisión preventiva y que no habían sido sentenciados. La CNDH abrió la investigación el 31 de agosto pasado, con el expediente CNDH/3/2016/6651/Q. Encontraron los Centros de Arraigo en Chihuahua con gente privada de la libertad bajo la modalidad de arraigo domiciliario, figura que no autoriza a que el citado de arraigo se efectúe en centros de reclusión, bajo ninguna denominación. El arraigo domiciliario se contemplaba en el Código de Procedimientos Penales cuando se denunciaron los hechos, pero dice que se impondrá después de que los imputados rindan su declaración preparatoria y no después de que se agotó el plazo máximo de prisión preventiva, que es de dos años. El arraigo domiciliario en los Centros de Arraigo, se han utilizado en contravención a la Constitución, porque prolonga materialmente la prisión preventiva en instalaciones "acondicionadas" o "habilitadas", con condiciones y características propias de una prisión y no tienen fundamento legal. En la recomendación evidencian que la Fiscalía Especializada de Ejecución de Penas y Medicas Judiciales del estado, no cumplió con su obligación de proporcionar información sobre la población penitenciaria registrada en Chihuahua, que debe alimentar la base de datos del "Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional", administrada por el órgano administrativo de la Secretaría de Gobernación, ya que la población de los Centros de Arraigo no fueron consideradas como población penitenciaria, violentando el derecho a la seguridad jurídica. La CNDH pidió a Corral que gire instrucciones a la Fiscalía General del Estado se informe correctamente sobre el total de las personas privadas de la libertad para su registro en el Archivo Nacional de Sentencias y Estadística, para que se tomen las medidas necesarias para que se instrumenten manuales y protocolos acordes a lo que señala la Constitución mexicana. Asimismo, pide al gobernador que colabore con la CNDH en la presentación de la queja que se promueva ante la Secretaría de la Función Pública estatal, para dar inicio al procedimiento administrativo de responsabilidad para quien o quienes resulten responsables. Al Tribunal Superior de Justicia le recomendó revisar los casos de las personas privadas de la libertad que se encuentran en Centros de Arraigo en Chihuahua y Ciudad Juárez, para que se respeten los términos señalados en la Constitución mexicana, así como criterios, normas y leyes nacionales e internacionales. Le pide además prever la utilización de la prisión preventiva, conforme a lo previsto en la ley y no en espacios habilitados o acondicionados, en coordinación con el gobierno estatal, adoptando para el caso los estándares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los internacionales.