CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Armenta Tello, admitió que el proceso de reconstrucción de vivienda del Plan Nuevo Guerrero se encuentra paralizado, a cuatro años de la tragedia provocada por el huracán Manuel. Advirtió que el programa estrella de la administración del presidente Enrique Peña Nieto puede quedar inconcluso ante el cúmulo de problemas generados por el uso irregular de los recursos millonarios del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que beneficiaron a una red de funcionarios federales, políticos y empresarios del sector de la construcción que incumplieron los contratos. Incluso, reveló que 2 mil 988 viviendas afectadas en la región de la Montaña no están contempladas en el programa federal, simplemente porque no fueron registradas en el censo de 2013. El funcionario federal habló en conferencia sobre los factores que mantienen suspendido el programa de reconstrucción de vivienda en Guerrero, luego de que Proceso publicó el reportaje Cuatro años después, los daños de ‘Manuel’ aún sin reparar, donde se indica que a pesar de que se repartieron contratos millonarios de manera directa para edificar 16 mil 776 viviendas, el avance físico de la obra es de apenas el 43 por ciento. La problemática Al respecto, Tello Armenta destacó el paro laboral de trabajadores de la Unidad Técnica de Supervisión debido a que la oficina central de la Sedatu, que encabeza Rosario Robles Berlanga, decidió suspender sin explicación alguna el pago del salario de 33 empleados de la delegación estatal. El funcionario informó que en 2015, la nómina de esta unidad “estaba inflada” porque se reportaba un gasto de más de un millón 600 mil pesos en salarios. Actualmente, afirmó, se eroga una tercera parte por los 33 trabajadores que oficialmente laboran en la dependencia, pero desde mayo no les pagan, indicó. El delegado consideró urgente resolver el tema del pago y habilitar la unidad técnica de supervisión porque de ellos depende que se entreguen las obras y se liberen los recursos a los contratistas que cumplieron. También, señaló que, de las 16 mil 776 viviendas contempladas en el programa de reconstrucción, no han sido terminadas 7 mil 497 inmuebles, que representa casi la mitad de la meta proyectada desde 2014. Del total de casas pendientes por concluir, mil 583 -de la cuales 833 son reubicaciones, 458 son construcciones totales y 292 acciones parciales-, presentan un avance físico de obra del 99 por ciento. Mientras que 5 mil 914 acciones no llegan ni al 60 por ciento de avance físico y no han sido entregadas a los damnificados La causa se debe a que estos inmuebles están ubicados en fraccionamientos que actualmente se encuentran clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otros que también estuvieron inhabilitados por casi dos años, indicó el funcionario federal. También dio a conocer deficiencias en el censo de evaluación de daños que se hizo en 2013, ya que damnificados que sufrieron pérdida total de su vivienda están solicitando el cambio del reporte de daños de más de tres mil casas ante el Fonden. Ello debido a que los inmuebles fueron clasificados por los funcionarios federales como daños parciales y les asignaron a las víctimas un paquete de material de 28 mil pesos. Incluso, dijo que no existe posibilidad alguna de revertir esta falla del censo original y señaló que si los damnificados se niegan a recibir “el apoyo”, el dinero se va a reintegrar al Fonden. Además, dijo que desde 2015 existen ocho denuncias presentadas contra cinco contratistas ante la Procuraduría General de la República (PGR), porque recibieron 94 millones de pesos para la construcción del fraccionamiento El Mirador en Chilpancingo y no cumplieron con los términos de los contratos. No obstante, a la fecha, las autoridades ministeriales no han fincado responsabilidad penal contra los empresarios demandados para resarcir el daño al erario público ante la falta de conclusión de obra, indicó Armenta Tello. Este es el balance que presentó el delegado de la Sedatu en Guerrero del programa de reconstrucción de viviendas a cuatro años de la catástrofe provocada por el huracán “Manuel” en septiembre de 2013. En la Montaña no censaron viviendas destruidas Asimismo, reveló que 2 mil 988 registros de viviendas afectadas en la región de la Montaña están fuera del censo oficial de 2013. De estas viviendas ubicadas en la zona más pobre y marginada de la entidad, mil 143 presentaban daño menor, 392 daño parcial, 896 total y era necesario reubicar 287 familias, indicó. “Estos casos no fueron censados y por lo tanto no puedo asumir como responsabilidad institucional el que no se tenga dentro de la carga del Fonden”, señaló el funcionario federal. En el municipio de Chilpancingo también existen viviendas sin registro oficial en el censo. En el poblado de San Vicente 578 familias deben ser reubicadas completamente porque la zona es inhabitable y en la comunidad de Chicahuales también hay viviendas que quedaron fuera del censo oficial pero no explicó el número. La lluvia de dinero Al respecto, recordó que el censo de evaluación de daños dio un resultado de 16 mil 776 acciones de reconstrucción, de las cuales 2 mil 136 eran daños menores; 4 mil 920 daño parcial; 4 mil 682 daño total y 5 mil 38 reubicaciones. Por esta situación, el Fonden autorizó 15 acuerdos presupuestales, 10 exclusivamente para acciones de vivienda y 5 para infraestructura vial urbana que sumaron 2 mil 819 millones de pesos. A la fecha, el avance del programa financiero es del 84.11 %, es decir, se han erogado 2 mil 371 millones de pesos y el avance físico de obra es del 77 .4 %, aclaró. En este sentido, explicó que la diferencia entre el avance físico de 2015 a 2017, es del 46 % y el financiero durante el mismo periodo es de 40.63 %. A pesar de este avance, el funcionario federal admitió que el programa de reconstrucción de vivienda actualmente está paralizado y se corre el riesgo de que no concluya por problemas de incumplimiento de contrato y la falta de pago a los trabajadores de la unidad técnica de supervisión de la delegación estatal.