Fiscalía Anticorrupción de NL acusa a la PGR de proteger a Rodrigo Medina

martes, 26 de septiembre de 2017
MONTERREY, NL (apro).- Al hacer un balance de los dos años del funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, su titular Ernesto Canales Santos, presumió la vinculación a proceso de 33 exfuncionarios, y denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) ha protegido al exgobernador Rodrigo Medina, mediante la intimidación a jueces y el ocultamiento de información financiera y fiscal. De igual manera, dijo, los legisladores de la entidad se esmeran por proteger a quienes fueron funcionarios de sus partidos y que enfrentan ahora vinculaciones por actos de corrupción, para evitar que sean procesados. “Con voluntad política se puede combatir la corrupción, aún sin el apoyo del Congreso. Los diputados quieren frenar este esfuerzo para proteger a sus partidos políticos y la PGR está interesada en sacar a Medina y sus cómplices sin pena, a costa de violar la división de poderes”, dijo, al presentar el informe que denominó “Terminan 100 años de impunidad en Nuevo León”. El zar Anticorrupción de la entidad expuso que actualmente hay en investigación más de 200 denuncias, y se encuentran vinculados, hasta ahora 33 exfuncionarios, entre los que destaca Medina de la Cruz, quien enfrenta cuatro delitos por la entrega de incentivos fiscales indebidos a la armadora surcoreana KIA, y por el uso de un helicóptero del estado para pasear en su rancho, en General Terán. El próximo viernes, el priista será imputado otra vez, ahora por enriquecimiento inexplicable, al detectársele en posesión de más propiedades de las que declaró. La Subprocuraduría en delitos de corrupción ha efectuado un trabajo satisfactorio, aunque debe enfrentar todavía obstáculos a nivel federal, con amparos que han sido otorgados indebidamente, a través de intimidación a los jueces, y mediante el escamoteo de información bancaria y fiscal de empresarios, a los que pudo haber sido entregado dinero sucio de sobornos para obras, explicó el funcionario. “Hay obstáculos que hemos enfrentado, como las suspensiones de amparos otorgadas, la falta de acceso a informaciones financieras y fiscales de las autoridades federales y la acción penal tomada por la PGR contra un juez local, que manda un mensaje de miedo a todos los demás jueces que no se ajusten al criterio de la PGR”, denunció. Recordó que actualmente hay tres exmandatarios en prisión, Javier Duarte de Veracruz; Guillermo Padrés, de Sonora; y Roberto Borge, de Quintana Roo, pero todos han sido procesados por la federación, aunque no hay explicación por la que el anterior mandatario de Nuevo León, no haya sido indagado aún por esa instancia. “Esa pregunta no me es dable a contestar. La diferencia es notable, entre los tres estados que se mencionan, y la PGR es la que ha metido a la cárcel a los gobernadores. Pero aquí en Nuevo León, casualmente es la PGR la que ha impedido al gobierno del estado encarcelarlo. Ustedes deben sacar sus propias conclusiones”, señaló Canales. Al haber entregado más de 60 amparos, para que exfuncionarios medinistas eviten la cárcel, se observa que la procuraduría federal y el Congreso Local actúan con criterios políticos, acusó el Fiscal. “Estoy convencido que son motivos políticos los que se han llevado en este caso. Para el Congreso es ciertamente entendible que no les caiga en gracia el que estemos juzgando a sus correligionarios. En dos comparecencias en el Congreso local les he pedido que se sumen al esfuerzo anticorrupción, y que se acerquen a la Fiscalía, pero no ha sido así. “En cuanto a la PGR, no pensé que fuera a tomar una posición partidista en este conflicto. Es lamentable, para mí como abogado, ver que toma este tipo de posiciones. La única explicación es que es instrumento de intereses políticos. Preocupa que un órgano como la PGR se preste a esto”, dijo. Actualmente hay más de 200 carpetas de investigación, y el Ministerio Público solicitará audiencias de imputación conforme vayan obteniendo datos sólidos que le permitan armar casos que no vayan a ser rechazados, dijo. Hasta ahora, añadió, las 33 acusaciones presentadas al juez de control han terminado en vinculación. Entre ellos, además de Medina, están sujetos a proceso los exfuncionarios: Jorge Domene, exvocero estatal; Rodolfo Gómez, extesorero; Rolando Zubirán, exsecretario de desarrollo económico, y su coordinador general Alberto Salinas; Margarita Arellanes, exalcaldesa, junto con ocho colaboradores. También Emilio Rangel Woodyard, exdirector de Agua y Drenaje; y los exdirectores de Isssteleón, Eduardo Bailey, y Pedro Morales Somohano; Patricia Aguirre, extitular de Turismo; Gerardo Marroquín, exsecretario de Obras Públicas; y Jorge Camacho Rincón, exdirector de Protección Civil Estatal. Canales explicó que no tiene el cálculo del monto estimado de dinero que Medina de la Cruz, exfuncionarios y exalcaldes desfalcaron al erario.

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