Legislatura reprocha a Eruviel Ávila inseguridad, pobreza, corrupción y desempleo

martes, 5 de septiembre de 2017
TOLUCA, Edomex. (apro).- En su última visita oficial a la Legislatura mexiquense como gobernador, diputados locales advirtieron al priista Eruviel Ávila que al concluir su mandato deja pendientes en materia de seguridad pública, combate a la pobreza, corrupción y desempleo. Al acudir al inicio del séptimo periodo ordinario de sesiones de la LIX Legislatura local –como ordena la ley–, Ávila Villegas escuchó el posicionamiento de las nueve bancadas allí representadas. Anuar Azar, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que el gran pendiente de la administración que concluye el próximo 15 de septiembre radica en la seguridad pública. En el tema económico, somos un estado que genera más empleos informales que formales… El índice de creación de empleos quedó muy por debajo del que se prometió”, señaló. En desarrollo social, expuso, uno de cada dos mexiquenses vive en pobreza y resulta inexplicable que el número de pobres se incremente, pese a que el presupuesto para gasto social también. También fue insuficiente, dijo, la lucha contra la corrupción. “Según el Imco, somos la segunda entidad con más actos de corrupción en el país”, manifestó. El panista aprovechó para demandar, durante la glosa del sexto informe de labores, la comparecencia pública de todos los secretarios del gabinete, y para exigir al nuevo titular del Ejecutivo estatal que sus funcionarios sean honorables y capaces, en lugar de designarlos por compadrazgos políticos. “Pudo salir en hombros y haber sido lo que México requiere: un demócrata… Le quedó a deber a los mexiquenses en salud, educación, y en escuchar y atender no sólo con comerciales y mamparas”, destacó por su parte Francisco Vázquez, coordinador de Morena. El diputado local consideró que el último año no fue provechoso para los grupos parlamentarios, pues muchas de sus iniciativas se quedaron en la “congeladora” y se priorizaron las del Ejecutivo, del partido oficial y sus aliados, a veces avaladas fast track. Muchas de ellas, acusó, fueron motivadas por el pago de favores a algunos sectores, no por el beneficio social, como la despenalización a la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, como demandó la Canirac. La perredista Martha Angélica Bernardino pidió al pleno que también las iniciativas de las bancadas sean analizadas, pues de 149 presentadas por el Ejecutivo, se aprobaron 135; “no hay reciprocidad”, expuso, de 62 promovidas por el PRD sólo se aprobaron 13. “Los poderes no pueden depositarse en una sola persona, no puede haber un gran legislador que suplante a la asamblea”, destacó. Por eso, adelantó que en el año que comienza el PRD insistirá en la eliminación del fuero y los matrimonios igualitarios. Mientras, Carlos Sánchez, coordinador del PT, dijo que su bancada no se encuentra satisfecha con los resultados, sobre todo en materia de seguridad y apertura democrática, pero seguirá trabajando, y adelantó que se encuentran interesados en retomar la reforma para reconocer las uniones civiles entre personas del mismo sexo. David Cheja, de Movimiento Ciudadano (MC), aceptó que su bancada ha sido aliada (del PRI) en beneficio de los mexiquenses; “no somos una fracción parlamentaria de enfrentamientos y confrontaciones, no creemos en liderazgos mesiánicos”, planteó. Aquiles Cortés, coordinador de Nueva Alianza (Panal), demandó multiplicar los esfuerzos para abatir la violencia contra las mujeres. Francisco Agundis, coordinador del Partido Verde, reconoció: “En materia de procuración de justicia y de seguridad pública no podemos cerrar los ojos a la complejidad y a los pendientes”, si bien se realizaron grandes esfuerzos, entre ellos la transformación de la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General”. “No sé qué me depara el destino, pero les ofrezco mi amistad entrañable”, respondió Ávila Villegas, tras agradecer que 80% de las iniciativas (la mayoría de su autoría) hayan sido avaladas por unanimidad. Luego llamó al Congreso de Estados Unidos a recapacitar sobre la cancelación de la Acción Diferida para Arribo de Menores de Edad (DACA, por sus siglas en inglés), pues incluso afectará la economía de aquel país.

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