VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Autoridades de dos universidades de Tabasco rechazaron estar implicadas en el presunto fraude millonario con obras “fantasma” del gobierno federal. De acuerdo con una investigación del portal Animal Político y de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), dependencias federales realizaron en 2013 y 2014 contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos, de los que 3 mil 433 millones desaparecieron y, de éstos, ocho universidades públicas del país habrían recibido mil 6 millones por “comisión” como intermediarias para esas obras. En la información se cita a ex y rectores de esas ocho universidades como presuntos “cómplices”. Cinco de esas ocho universidades se encuentran en Tabasco. La publicación menciona al rector de Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), José Manuel Piña Gutiérrez, y a Fernando Calzada Falcón de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB), que también ocupó la titularidad de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno del priista Manuel Andrade Díaz. Además, los exrectores de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), ubicada en el municipio de Cárdenas, José Víctor Zárate Aguilera (actualmente preso), José Luis Hernández Lazo y Pedro Javier Muñoz Vergara. También Luis Andrés Domínguez, exrector de la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM), con sede en Paraíso, Tabasco, y el exdirector general del Instituto Técnico Superior de Comalcalco (ITSC), Carlos Mario Olán López. Mediante un comunicado, la UJAT informó que la universidad “es una institución comprometida con la transparencia y rendición de cuentas en cada una de sus acciones”. Y que los resultados de la fiscalización de las cuentas públicas 2013 y 2014, de los convenios suscritos con Petróleos Mexicanos, “han sido aclarados y solventados ante la Auditoría Superior de la Federación”. También refiere que los recursos públicos que administra se ejercen puntualmente, “en apego a los términos constitucionales y legales, así como en la normatividad universitaria” y, en ese sentido, la UJAT “ha dado atención a todos los requerimientos de información que efectúan los Órganos Superiores de Fiscalización”. “La UJAT manifiesta que cumple con sus funciones sustantivas como son la docencia, investigación, difusión de la cultura y vinculación, todo ello gracias al sano ejercicio de los recursos asignados”, destaca. En otro comunicado, la UTTAB manifestó que en relación con el proceso de revisión realizada por la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) en 2014, “se determinaron cuatro acciones que dieron puntual respuesta”. “La UTTAB aportó elementos que explican que su actuación se dio dentro de la ley y las normas. La universidad reitera su compromiso institucional de transparencia y rendición de cuentas”, se justifica en el documento. Y que la universidad se somete regularmente a procesos de revisión como los de la ASF, así como los correspondientes al orden estatal y a los mecanismos de contraloría interna de la institución. El rector Fernando Calzada Falcón dijo que este asunto no es nuevo. “Esto data de hace tres años y hemos trabajado con absoluta honestidad”, sostuvo y añadió que la universidad ha presentado toda su documentación a la ASF, así como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) y a la Secretaría de Contraloría estatal. Cae exrector El pasado mes de junio, el exrector de la UPCH, José Víctor Zárate Aguilera, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto responsable del delito de peculado por más de 30 millones de pesos. La acción ministerial obedeció a una averiguación previa iniciada en 2015 en respuesta a denuncia de los representantes jurídicos de esa casa de estudios. De acuerdo con el expediente penal, durante la gestión de Zárate Aguilera como rector de la UPCH (de 2009 a 2012) se dejó de enterar al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) las retenciones por concepto de cuotas obrero-patronales en los años 2010 y 2011, las cuales eran descontadas a los trabajadores. El monto de estas retenciones suma 30 millones 746 mil 97.73 pesos. Zárate Aguilera fue designado rector en 2009 por el entonces gobernador priista Andrés Granier Melo, preso en la Ciudad de México desde junio de 2013 por el megasaqueo a Tabasco. En octubre de 2011, el departamento jurídico del ISSET, mediante un oficio, exigió al entonces rector el pago de más de 23 millones 500 mil pesos hasta esa fecha, ya que desde septiembre de 2009 la UPCH dejó de pagar cuotas de sus trabajadores, a pesar de que se les descontaba cada quincena. En marzo de 2012, Zárate Aguilera dejó la rectoría para contender por una diputación local, abanderado por el PRI, la cual perdió ante el PRD.