CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobierno de Héctor Astudillo Flores negó desde un principio la desaparición forzada de siete personas en la ciudad de Chilapa el pasado miércoles, entre ellas, una pareja de jóvenes que aparecieron ejecutados, mientras que su hija fue hallada viva en este lugar colapsado por la narcoviolencia. En un comunicado oficial difundido ayer por la noche, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, desacreditó las denuncias de familiares de las víctimas contra la policía estatal al afirmar que solo tratan de “desprestigiar” a la corporación. Aseguró: “El hecho denunciado, aun cuando no ha sido comprobado, resulta por sí mismo reprobable. Sin embargo, es por demás perverso que, sin fundamento alguno, el señor Silvestre Rodríguez Fernández -tío de las víctimas- mencione como responsables a policías estatales y se asuma como hostigado y perseguido por el gobierno estatal”. También criticó que “ahora se haga alusión a la desaparición de siete personas en manos de agentes estatales, advirtiéndose una abierta intención de desprestigiar a la institución policial del Estado que ha mostrado mayor compromiso y efectividad en el desempeño de sus funciones”. El funcionario estatal explicó que el miércoles 24 a las 20:14 horas se recibió una llamada en la línea de emergencia 911 para reportar que, a las 13:00 horas, en la Calle 4 Norte de la colonia Centro de Chilapa, un grupo aproximado de seis hombres que portaban armas largas se llevó a una pareja a bordo de una camioneta doble cabina y tipo estaquita. Por ello, “se alertó a las diferentes corporaciones de seguridad (federales, estatales y municipales), desplegadas en Chilapa, pero ninguna de ellas confirmó el hecho denunciado”, afirmó Álvarez Heredia. Incluso, el vocero gubernamental dijo que informes de la Policía Preventiva Estatal (PPE), indican que ese miércoles una mujer identificada, como Delfina Rodríguez Fernández, reportó el mismo hecho al personal militar destacamentado en Chilapa. “Señalando que al parecer tenían a sus familiares en el mercado nuevo de Chilapa, motivo por el cual una patrulla de uniformados estatales, alrededor de las 17:00 horas acudió al citado mercado, donde ya se encontraba personal del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal, sin que encontraran a las personas referidas”, reiteró Roberto Álvarez. Sin embargo, luego de que se confirmó oficialmente que Azucena Abarca Vargas y Luis Gustavo Rodríguez Maldonado fueron privados de su libertad junto a su hija de una semana de nacida y, posteriormente ejecutados y exhibidos en lugares públicos de Chilapa, la postura del gobierno estatal cambió. En entrevista esta tarde, el gobernador Héctor Astudillo justificó la intención de su administración de negar los hechos violentos en Chilapa con el argumento de que “no podemos tener información en el momento que ustedes (reporteros) quisieran que la tuviéramos. Y ahí no es una excusa, pero al final de cuentas las realidades van a apareciendo y las aceptamos”.