SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- El ombudsman estatal emitió una recomendación al fiscal general Federico Garza Herrera, al encontrar violaciones a los derechos a la justicia, la verdad y a una investigación eficaz en el caso de la menor Zoe Zuleica Torres Gómez, desaparecida a fines de diciembre de 2015. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emplazó a Garza Herrera a que intensifique la búsqueda de la menor, pero también para que indague e inicie procedimientos administrativos contra funcionarios de la dependencia que fueron omisos en el inicio de la investigación. En este caso, la actuación del personal de la Unidad de Alerta Ámber y de los agentes del Ministerio Público responsables de integrar la indagatoria podría derivar en responsabilidades administrativas. La CEDH encontró que la Procuraduría no actuó diligentemente cuando fue requerida para buscar a la menor poco después de su desaparición, pues aunque personal acudió al salón de fiestas, no se recabaron pruebas periciales ni entrevistas, ni se desplegó una búsqueda inmediata de acuerdo con los protocolos de la Alerta Ámber. El organismo emitió la recomendación 19-2017, a partir de la queja presentada a mediados de enero por Carolina, la madre de Zoe, quien tenía cinco años de edad cuando desapareció de un salón de fiesta donde se celebraba una fiesta familiar, en la colonia Genovevo Rivas Guillén del municipio de Soledad de Graciano, conurbado con la capital potosina. La festejada era familiar del papá de Zoe, como prácticamente todos los invitados (más de 200) que se encontraban ese día en la celebración, algunos procedentes de Austin y Houston (Texas) y otros de Querétaro. Zoe vestía un pantalón de mezclilla, un saco de color beige, camiseta blanca con una imagen de Mimí; una chamarra simulación piel de color café y botas beige. Su mamá, Carolina, sólo llegó acompañada por su prima y sus hijos. El papá de Zoe (están separados) los llevó en una camioneta que le prestaron, la cual estacionaron afuera del salón. Presuntamente la menor fue llevada a la camioneta de su padre para dormir, y desde ese momento su mamá no la volvió a ver. En la recomendación, se exhorta al fiscal Garza Herrera a continuar de manera ininterrumpida las diligencias para la búsqueda y localización de Zoe Zuleica, se mantenga la difusión en anuncios espectaculares en el estado de la imagen y datos de la niña, lo mismo que en portales y medios electrónicos. También solicitó que se mantenga a las víctimas al tanto de las investigaciones y se les reconozca su derecho de cooperar con la autoridad, así como para que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas otorgue los apoyos necesarios, dado que la madre de Zoe ha efectuado por su cuenta búsquedas en otros estados del país, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz. “Se solicitó y realizó su inscripción como víctimas a familiares de Zoe Zuleica a efecto de que, previo agotamiento de los procedimientos, las víctimas directas e indirectas tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley de Atención a Víctimas, por lo que este organismo autónomo considera además que, debido a la gravedad del hecho violatorio y en tanto continúe la búsqueda de Zoe Zuleica, se deben de considerar además medidas de asistencia, de alojamiento, alimentación, traslado, asistencia, atención, económicas y de desarrollo, además de las de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción, por lo que para tal efecto esa Fiscalía deberá coordinarse con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas”, indica la recomendación 19-2017. Sobre la intervención del visitador general de la Fiscalía para investigar los hechos, el organismo determinó que personal de la Unidad de Alerta Ámber de la entonces Procuraduría de Justicia (actual Fiscalía) pudo incurrir en una responsabilidad administrativa, “por la omisión en atender de manera inmediata y coordinada las primeras diligencias tendientes a la localización de Zoe Zuleica Torres Gómez”. Esa madrugada del 27 de septiembre de 2015, al no encontrar a su hija, Carolina llamó a Emergencias y de allí notificaron a la Unidad de Alerta Ámber de la entonces Procuraduría –área a cargo de Magdalena Escobedo--, de donde enviaron personal al sitio hasta tres horas después, además de que éste suspendió la búsqueda una hora más tarde y le indicó que se continuaría con la investigación cuando acudiera a hacer la denuncia ante el MP. Por ello, determinó la CEDH, “del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja 1VQU-023/2016, se encontraron elementos suficientes que permitieron acreditar violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia, a la verdad y a una investigación efectiva por hechos atribuibles a personal de la Unidad de Alerta Ámber de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por la no actuación inmediata en las diligencias para la localización de Zoe Zuleica Torres Gómez, niña desaparecida desde el 27 de diciembre de 2015, quien a la fecha de la presente Recomendación continua sin ser localizada y cuenta con una edad actual aproximada de 7 años”. La instancia señalada en la recomendación, concluyó la Comisión, “no aplicó los parámetros señalados en el Protocolo Alba que define con precisión directrices para la atención, reacción y coordinación en caso de extravío de mujeres y niñas”, y tampoco se justifica la tardanza para solicitar a la Interpol la emisión de la ficha amarilla ni la colaboración de las autoridades de otros estados, lo que se tramitó hasta casi un mes después de que Zoe desapareció.