XALAPA, Ver. (apro).- El juez de Control, Luis Roberto Juárez López, vinculó a proceso a Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz en el sexenio de Javier Duarte, por un delito patrimonial superior a los 70 millones de pesos por la presunta adjudicación de contratos irregulares de servicios de alimentos y otros de prestación de servicios. En una carpeta de investigación ministerial por separado, la Fiscalía General del Estado (FGE) acusó al también conocido en la SSP como Capitán Tormenta de enriquecimiento ilícito al adquirir bienes muebles e inmuebles por un costo superior a los 80 millones de pesos, aun cuando en la administración duartista sólo obtuvo ingresos por ocho millones de pesos. La autoridad investiga al extitular de la SSP en Veracruz para que responda por el engranaje de una compleja red de empresas que prestaba servicios de alimentos, transportación, alarmas y otros servicios a la SSP, pero cuyos socios y propietarios son sus propios familiares: Miguel Ángel Bermúdez Zurita, Jesús Bermúdez Quezada, Jesús Gabriel Bermúdez Zurita y María Guadalupe Zurita. Entre todos ellos, existe un personaje clave: el empresario Roberto Esquivel, quien hasta hoy se ha negado a comparecer como “imputado” en la Sala de Juicios Orales 3 del penal de Pacho Viejo. El argumento que sus abogados han dado a las autoridades es que padece diabetes severa, con “niveles de glucosa altísimos” (sic) y que su médico de cabecera en la Ciudad de México le ha recomendado no viajar a comparecer, porque podría padecer problemas cardiovasculares severos. En noviembre pasado, la defensa de Bermúdez Zurita ganó un amparo federal que obliga a la justicia local de Veracruz a “reponer el proceso”, razón por la cual, el imputado recibió una segunda oportunidad para demostrar su presunta inocencia. “Literal, estamos empezando el proceso penal de nuevo. Es el primer capítulo de la historia”, confío un integrante de la FGE que participa en el proceso contra el Capitán Tormenta. La audiencia En la audiencia en la Sala de Juicios Orales 3, el fiscal especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Pedro Pensado, ilustró que en las empresas constituidas como Sociedades Mercantiles y dadas de alta en Oaxaca y Tlaxcala, como Grupo Profesional de Resguardos SA de CV, Grupo Profesional de Alarmas, Transportes Garzua, Administradora de Inmuebles de Capital, entre otras, aparece como socio y apoderado Roberto Esquivel, además de consanguíneos de Arturo Bermúdez, quienes recibieron “beneficio económico” cuando éste estuvo al frente de la corporación. El fiscal expresó que había pruebas fehacientes para llevar a cabo, no sólo la vinculación a proceso de Bermúdez, sino también de Esquivel, para luego dar inicio al juicio correspondiente. A toda acusación, Rodolfo de la Guarda, abogado de Bermúdez, excusó que quien tramitó los contratos fue el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y un Órgano Colegiado en el que su cliente no tuvo participación alguna. Incluso, fue más allá al asegurar que la defensa “no negaba la existencia de dichos contratos”. Sin embargo, dijo que la Sefiplan jamás cubrió el pago de 179 facturas de las empresas aludidas, razón por la cual algunas interpusieron denuncia penal. El propio Arturo Bermúdez volvió a incriminar a su examigo, Javier Duarte y a la Sefiplan al asegurar que, al estar concentrado en la operatividad de siete mil policías, 19 centros de readaptación social, 20 delegaciones de Tránsito y velar por la seguridad de ocho millones de veracruzanos “no tuvo tiempo” de ver lo administrativo. Ante la mirada incrédula de los fiscales y el ceño fruncido del juez, el inculpado aseguró: “Todos los proveedores tenían registro en Sefiplan, al entrar en crisis el flujo de dinero, se dieron pagos graduales a cada uno a través de la Sefiplan. Nunca presioné a ningún colaborador para hacer algo contrario a la ley. Siempre actúe con honestidad, ética y profesionalismo”. Luego de la nueva vinculación a proceso y tras haber pasado un año de prisión preventiva, el Capitán Tormenta regresó al penal de Pacho Viejo en la llamada “Perrera” –la camioneta enrejada de la SSP–, donde permanecerá como otros cinco duartistas encerrados en el último año. En los distintos recesos que tuvo la audiencia, a Bermúdez Zurita se le vio de buen humor, sin esposas y con ropa naranja de alta costura. Ahí, abrazó a los suyos, convivió con custodios e, incluso, quiso bromear con la prensa –a la que fustigó cuando era servidor público–, en especial, con los reporteros que llegaron a la mitad de la audiencia: “Ahi cuando quieran cabrones”, dijo a los enviados de una televisora y de la Organización Editorial Mexicana (OEM). El juez de Control, Luis Roberto Juárez López, autorizó a la FGE una investigación complementaria de dos meses más para que indaguen en la Sefiplan si hay más empresas en las que Bermúdez Zurita pudo traficar influencias con otros familiares o su socio Roberto Esquivel Hernández. La defensa del imputado consideró que la Fiscalía sólo aletarga más el juicio, pese a “que ya no tienen más que investigar”.