VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Diputados locales aprobaron por unanimidad reorientar 125 millones de pesos al sector salud de un empréstito autorizado originalmente en 2015 para el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) por más de 600 millones. Además, los 17 cabildos municipales aprobaron las reformas a la Constitución de Tabasco para la eliminación del fuero y reducción del 50% del financiamiento públicos a partidos políticos. La reorientación de los 125 millones de pesos fue solicitado al Congreso por el gobernador Arturo Núñez el martes pasado, tras reunirse con el gobernador electo, Adán Augusto López Hernández y líderes de las cuatro fracciones parlamentarias (Morena, PRD, PRI y PVEM). Se trata de recursos que, según el gobierno, no se aplicaron a proyectos del NSJP debido a que no daba tiempo de concluirlos en este 2018 y ahora se utilizarán para atender la emergencia en el sector Salud. Los diputados aprobaron también reformas al Sistema de Asistencia Social, Atención a Personas con Discapacidad y Desarrollo Social para desparecer los programas sociales “estrellas” del gobierno perredista de Arturo Núñez, “Corazón Amigo” y “Cambia Tu Tiempo”. Los dos programas serán adecuados a los que pondrá en marcha el gobierno federal para duplicidad y liberar recursos a la administración estatal que, a partir del primero de enero, asumirá el morenista Adán Augusto López Hernández. Corazón Amigo y Cambia Tu Tiempo disponían de alrededor de 500 millones de pesos anuales para apoyar económicamente a personas de la tercera, edad, discapacitados y jóvenes estudiantes. En tanto, los 17 cabildos municipales aprobaron las reformas a la Constitución local, previamente avaladas y remitidas por el Congreso del Estado para eliminar el fuero y reducir al 50% el financiamiento público a los partidos políticos. Ahora solo falta que el titular del Poder Ejecutivo las publique en el periódico oficial del estado para que entren en vigor a partir de enero de 2019. Con las reformas, dejarán de tener fuero el gobernador del estado, diputados locales, magistrados de diversos tribunales, consejeros electorales, alcaldes, concejales, fiscales y otros servidores públicos. Los partidos políticos recibirán 50% menos de financiamiento público.