CHILPANCINGO, Gro. (apro).- A pesar de que la bolsa de recursos federales destinados a la certificación de las corporaciones policiales ha aumentado, en los primeros tres años del gobierno de Héctor Astudillo Flores el número de policías estatales acreditables en la entidad ha venido a menos. Funcionarios estatales entregaron ayer el tercer informe de labores a diputados locales donde en una presentación de tres cuartillas, el mandatario sólo dedica dos párrafos al tema de la violencia e inseguridad y que se vive en la entidad donde Astudillo admitió que no ha cumplido con su promesa de orden y paz que ofreció en campaña. “En la larga ruta por consolidar la seguridad en Guerrero, que no quede duda, cada día las corporaciones de seguridad, trabajan con gran compromiso y entrega”, expresó el gobernador, quien el próximo miércoles 17, presentará públicamente su informe en la sede del Poder Legislativo. El informe obtenido por Apro, indica que, de mil 107 elementos acreditados en 2016, la cifra bajó este año a 984 policías confiables. En total, cuatro mil 64 elementos conforman la Policía Preventiva Estatal (PPE) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP). [caption id="attachment_555040" align="alignnone" width="702"] Gráfica oficial que demuestra la disminución de policías acreditables. Foto: Especial[/caption] Ello a pesar de que este año, el gobierno federal destinó a Guerrero 293 millones de pesos del programa denominado Fondo de Aportaciones de Seguridad Publica para estados y municipios (FASP), para objetivos de “certificación y capacitación” de la policía estatal, municipal y ministerial. No obstante, los resultados del gobierno astudillista en este tema van en retroceso de acuerdo con las cifras oficiales y pese a que los recursos del FASP han aumentado en los últimos tres años. Los recursos para seguridad Por ejemplo, en 2014, el monto del FASP fue de 235 millones y la auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó al siguiente año presuntos desvíos de recursos públicos en la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas sin licitar, así como una compra irregular de armas que involucró al Ejército por un monto total de 19 millones y hasta el momento este caso sigue impune. Luego, en 2017, la ASF volvió a detectar irregularidades, ahora en el manejo de 222 millones transferidos en 2016, a través del FASP, donde se advirtió que se privilegió el gasto en “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento Policial”, pero no se destinó un solo peso al Programa para la Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. De acuerdo con el informe de la ASF, emitido en noviembre de 2017, esos recursos federales fueron administrados en pleno proceso electoral por el exsecretario de Finanzas del gobierno de Astudillo y actual coordinador de la fracción priista en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, y la extitular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nybia Solís Peralta, operadora del exgobernador y actual diputado federal del PRI, René Juárez Cisneros. En ese entonces, Juárez Cisneros se desempeñaba como coordinador general de la campaña del excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, en la cuarta circunscripción que abarca los estados de Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Policías habilitados como escoltas El tema que omitió informar el Ejecutivo en materia de seguridad es que al menos 335 agentes de la PPE, están “comisionados” como escoltas de funcionarios, familiares de políticos, exgobernadores y empresarios. En 2016, el extitular de la dependencia estatal, Pedro Almazán Cervantes, reveló que, del total de los policías estatales comisionados, 180 resguardan a 58 particulares que tienen medidas cautelares emitidas por autoridades y por recomendación de organismos defensores de derechos humanos. Otros 155 elementos de la misma corporación están habilitados como escoltas de funcionarios de la administración estatal y exgobernadores como Rogelio Ortega, Ángel Aguirre Rivero, Zeferino Torreblanca y el actual senador priista René Juárez Cisneros, entre otros, indicó el exfuncionario estatal hace dos años en el Congreso.